Tras cuatro años del derrame, los afectados indicaron que a través del contrato inicial se acordó el pago sin tener supuestamente una evaluación final de los daños ni una fecha clara para completar la remediación.
Alrededor de un millar de pescadores de Perú, afectados por el derrame de petróleo que contaminó las costas de Lima y Callao en 2022, marcharon este miércoles por el centro de Lima para presentar ante la Justicia una demanda de acción de amparo contra la multinacional española Repsol, con el objetivo de reclamar mayores indemnizaciones por los daños y pérdidas económicas sufridas.
El derrame se produjo el 15 de enero de 2022, cuando alrededor de 12.000 barriles de crudo se vertieron accidentalmente al mar tras romperse una de las partes del sistema de descarga de buques petroleros en la refinería La Pampilla, la más grande de Perú, que opera Repsol.
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La mayor parte de ese hidrocarburo llegó a las costas cercanas y tiñó de negro sus playas, mientras que los pescadores de las distintas localidades costeras se quedaron sin poder salir a trabajar, lo que les generó quedarse en la mayoría de los casos en la única fuente económica para sus familias.
Cuatro año después, los pescadores, agrupados en la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales de los Distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, que representa a 26 asociaciones, buscan anular el contrato con el que Repsol comenzó a pagar las indemnizaciones a los pescadores.
Argumentan que a través de este documento se pagó sin tener supuestamente una evaluación final de los daños ni una fecha clara para completar la remediación.
«En su momento, por la deudas y por la premura que teníamos, nos empezaron a pagar sin un proceso de negociación justa», aseveró a EFE el presidente de la Federación, Luis Antonio Díaz, quien acusó a la empresa de negarse a incorporar nuevas valoraciones de daños al acuerdo por instrucción, según el representante de los pescadores, de la aseguradora.
Díaz también señaló al Gobierno peruano, al que acusó de «timorato» para exigir a la empresa que cumpla con retornar las áreas afectadas a su estado original. «Nos ha dado la espalda», señaló el líder del gremio pesquero.
«Exigimos nuestros derechos porque hemos sido desamparados por este Gobierno y porque la empresa se ha aprovechado de nuestra necesidad económica. Queremos anular este contrato y tenemos prueba suficiente para hacerlo, no vamos a permitir que atropellen nuestros derechos», añadió.
Por su parte, Mercedes Yovera, una de las portavoces de la Federación, manifestó que todavía hay rastros de hidrocarburos que aparecen en las playas impactadas por el derrame, por lo que instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que «el Estado no puede burlarse del pescador».
Repsol responde
Al cumplirse cuatro años del desastre, Repsol reafirmó en un comunicado haber cumplido con al limpieza y remediación de las playas, así como con las compensaciones a los afectados, a la vez que impulsa proyectos de reactivación económica en la zona.
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La empresa energética aseguró haber invertido más de 1.300 millones de soles (unos 386 millones de dólares) en indemnizaciones, compensaciones a los afectados, limpieza, planes de rehabilitación y monitoreo, lo que le permite asegurar que «las actividades productivas y el uso de las playas se lleven a cabo con normalidad».
En compensación social, la empresa reportó haber destinado 612 millones de soles (unos 182 millones de dólares) a 10.500 personas.
«Han sido compensados más del 99 % de los afectados ubicables identificados directamente por el Estado peruano en el Padrón Único de Afectados», señaló la empresa en una comunicación con EFE. Dicho padrón fue elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto de Defensa Civil (Indeci), en coordinación con las Municipalidades de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay.
La empresa presentó los planes de rehabilitación en octubre de 2023, que abarcan con sus anexos e incluyen más de 180.000 páginas, con más de 28.000 análisis fisicoquímicos e hidrobiológicos realizados desde finales de 2022. Estos planes aún se encuentran en evaluación por parte de la autoridad competente.
Con información de EFE