Este miércoles, líderes de gremios transportistas se reunieron con el presidente José Jerí. Le pidieron que se entreguen más equipos a la Policía, se establezca un trabajo de control territorial y se mejore la iluminación en las zonas periféricas de la capital.
Diversos gremios de transporte urbano de Lima y la colindante provincia del Callao cumplen durante este miércoles una paralización para exigir al gobierno peruano que se tomen mayores medidas de seguridad ante el incremento de las extorsiones y asesinatos cometidos por bandas criminales contra sus conductores y trabajadores.
La paralización, que hasta el momento se realiza de manera pacífica, ha sido acatada por gran parte de las empresas de transporte en los distritos populosos del sur, este y norte de la capital peruana, así como en la provincia vecina del Callao.
Sin embargo, también se vio que algunas empresas de transporte formal e informal, así como vehículos pequeños, transportaron a ciudadanos a sus trabajos, en la mayoría de casos cobrando precios más elevados.
Otros servicios formales, como el sistema de transporte masivo del Metropolitano (autobús con carril exclusivo), los corredores complementarios de autobuses y las líneas del Metro también mantuvieron sus operaciones con normalidad, con alta demanda de pasajeros.
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Gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU) anunciaron que iba a paralizar el 100 % de sus unidades y que durante el día realizarán movilizaciones pacíficas en diferentes puntos de la capital peruana.
Al respecto, el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), declaró a medios locales que han desplegado a 13.000 agentes en la ciudad.
«Hasta el momento no hay novedad. Tenemos también 13 buses de la PNP en reserva ante cualquier necesidad para transportar a los ciudadanos», señaló.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a las empresas que den prioridad al teletrabajo y otorguen hasta cuatro horas de tolerancia en el ingreso a los centros laborales.
Este es el primer paro que acatan durante este año las empresas de transporte público de Lima y el Callao, que durante 2025 ya protagonizaron varias protestas similares donde lograron paralizar sectores enteros de la capital.
Los gremios afirmaron que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores. Consideraron que el estado de emergencia contra el crimen organizado, decretado desde octubre por el Gobierno de transición, que preside José Jerí, «no está dando resultados positivos».
Presidente y gremios se reunión en Acho
Este miércoles, durante una reunión con dirigentes de los gremios de transportistas, el presidente José Jerí dijo que su gobierno tiene poco tiempo para implementar todas esas medidas, pero va «a dejar todo encaminado para que el resultado sea favorable». Cabe indicar que el Jerí asumió la presidencia del Perú de manera transitoria en octubre pasado y la culminará en julio próximo.
En la reunión, Jerí admitió que es «urgente» que las autoridades tomen mayores medidas para «frenar la ola delincuencial que se ve muy marcada en los últimos meses» en su país, especialmente contra el sector del transporte urbano, que hoy acata una paralización en Lima y la provincia colindante del Callao.
«Lo urgente es el tema que nos aqueja a todos los peruanos, que es frenar la ola delincuencial que se ve muy marcada en los últimos meses en el transporte público», sostuvo Jerí ante los dirigentes, con los que se encontró en una carpa instalada por las fuerzas de seguridad en las cercanías a la plaza de toros de Acho, frente al centro histórico de Lima.
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El gobernante anunció, en ese sentido, que en los próximos días se van a promulgar varias nuevas medidas de seguridad, entre ellas una que establece multas y tipifica delitos cometidos mediante el uso de motocicletas.
«Sabemos estadísticamente que las motos son las herramientas usadas por los mal nacidos esos», remarcó en referencia a que los sicarios que atacan a transportistas y otros trabajadores se desplazan en esos vehículos.
Jerí remarcó que la lucha contra la criminalidad «es un trabajo conjunto» y anunció que la Policía va «a redoblar esfuerzos», además de que ofreció coordinar personalmente con la Fiscalía y el Poder Judicial para celebrar una reunión con los transportistas «en el breve tiempo».
Durante el encuentro, los dirigentes de los transportistas pidieron al gobernante que se entreguen más equipos a la Policía, se establezca un trabajo de control territorial y se mejore la iluminación en las zonas periféricas de la ciudad.
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Añadieron que «el miedo es tremendo» entre los conductores y los trabajadores de sus empresas, y alertaron que afrontan una grave crisis económica, al tener autobuses paralizados «porque los choferes se han ido por temor a la delincuencia».
Tras asegurar que sufren el embargo de sus activos «porque no están trabajando», pidieron que se analice la posibilidad de otorgar subsidios para «brindar apoyo financiero a los transportistas».
Los gremios afirman que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores, y consideraron que el estado de emergencia decretado desde octubre por el Gobierno «no está dando resultados positivos».
Según el portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 un total de 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas armadas y en lo que va del 2026, han fallecido otras tres personas del sector.
Con información de EFE.