La disposición fue anunciada este miércoles, en medio de un paro de miles de transportistas en Lima, quienes reclamaron por mayores medidas contra las extorsiones y los asesinatos.
La Fiscalía aprobó este miércoles una resolución para asignar un código reservado a las investigaciones e identidades de transportistas y comerciantes que denuncien ser víctimas de extorsión y sicariato, para así proteger a los trabajadores de estos sectores en el auge de la criminalidad.
«La implementación de este mecanismo busca incentivar la denuncia, disminuir la omisión de reportes por temor a represalias y mejorar la obtención de información relevante para la persecución penal, garantizando condiciones de seguridad que permitan una intervención fiscal más eficaz frente a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato», informó el Ministerio Público en un comunicado.
Estos lineamientos aprobados establecen un mecanismo excepcional de protección de la identidad del denunciante, mediante la asignación de un código reservado desde la etapa inicial de la investigación fiscal, «con lo que se reduce los riesgos de exposición y represalias que enfrentan las víctimas y testigos al colaborar con las investigaciones».
La resolución donde se activa este código fue emitida por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, que acogió la propuesta formulada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor), Jorge Chávez.
El Ministerio Público expresó que con esta medida concreta se protegen a los ciudadanos afectados por la extorsión y sicariato (asesinato por encargo), en especial a los transportistas y comerciantes, «que hoy sufren el impacto directo de la violencia criminal».
Precisamente este miércoles, diversos gremios de transportistas urbanos pararon sus actividades en Lima y la vecina ciudad del Callao en protesta por el auge de la extorsión y el sicariato en su sector y también para exigir al Gobierno acciones más firmes para frenar la criminalidad.
Miles de transportistas pararon en Lima
Miles de autobuses acataron este miércoles un paro en la capital peruana y la colindante provincia portuaria de Callao para protestar contra las extorsiones y asesinatos que sufren por parte del crimen organizado, que han dejado 73 muertos entre sus trabajadores, desde septiembre de 2024 hasta diciembre pasado, lo que los convierte en uno de los sectores más golpeados por las bandas criminales.
Los gremios de transportistas anunciaron que 20.000 buses dejarían de trabajar este miércoles en la capital peruana en esta jornada de protesta y en las primeras horas del día el paro fue prácticamente total, pero después del mediodía comenzaron a circular algunas empresas por las avenidas principales.
Al anticipar la falta de transporte en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú puso en operación 13 autobuses en varios distritos de la capital, especialmente en las zonas norte y sur, para facilitar el traslado seguro de los ciudadanos.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo planteó cuatro horas de tolerancia para el ingreso a los centros laborales y que se opte por el trabajo remoto.
Asimismo, la Policía Nacional desplegó a 13.000 efectivos y cuatro drones para reforzar las acciones de control, prevención y patrullaje a favor del orden público y la seguridad ciudadana en Lima y Callao.
El presidente interino de Perú, José Jerí, acudió a una reunión con los representantes de los transportistas, acompañado por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para escuchar sus demandas y coordinar algunas acciones que permitan mejorar la seguridad en el transporte urbano.
En esa cita, Jerí admitió que es «urgente» que las autoridades tomen mayores medidas para «frenar la ola delincuencial que se ve muy marcada en los últimos meses» en su país, especialmente contra el sector del transporte urbano.
No obstante, el mandatario dijo que su Gobierno, que culminará en julio próximo, tiene poco tiempo para implementar todas esas medidas, pero va «a dejar todo encaminado para que el resultado sea favorable».
Le puede interesar: ¿Cómo le irá a la economía en 2026? Estas son las proyecciones de ocho instituciones financieras
«Lo urgente es el tema que nos aqueja a todos los peruanos, que es frenar la ola delincuencial que se ve muy marcada en los últimos meses en el transporte público», sostuvo Jerí ante los dirigentes, con los que se encontró en una carpa instalada por las fuerzas de seguridad en las cercanías a la plaza de toros de Acho, frente al centro histórico de Lima.
En otro punto de la ciudad, en el cono norte, la Asociación Nacional de Integración deTransportistas realizó una manifestación en las calles donde acusaron al gobierno de «asesinarlos» y de promover leyes, junto al Congreso, que supuestamente alientan el crimen organizado.
«Lo que queremos es paz y tranquilidad, estrategia para poder combatir hoy día la delincuencia que nos sigue asesinando», dijo Martín Valeriano, presidente de este gremio.
Por su parte, los dirigentes de los transportistas que se reunieron con Jerí pidieron al gobernante que se entreguen más equipos a la Policía, se establezca un trabajo de control territorial y se mejore la iluminación en las zonas periféricas de la ciudad.
Añadieron que «el miedo es tremendo» entre los conductores y los trabajadores de sus empresas, y alertaron que afrontan una grave crisis económica, al tener autobuses paralizados «porque los choferes se han ido por temor a la delincuencia».
Los gremios afirman que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores, y consideraron que el estado de emergencia decretado desde octubre por el Gobierno «no está dando resultados positivos».
Con información de EFE.