Este miércoles, Leche Gloria informó a la SMV que su empresa hermana boliviana Soboce pagó 200.000 euros al también antiguo líder del partido socialista (PSOE) para realizar labores de asesoría de asuntos públicos. La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española ve "indicios" de que dichos servicios no fueron prestados y se crearon contratos ad hoc para justificarlos.
El grupo alimenticio peruano Gloria confirmó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su filial boliviana Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) pagó 200.000 euros (aproximadamente 228.866 dólares) al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La información –difundida públicamente a fines de junio – fue confirmada este miércoles por la compañía peruana Leche Gloria a través de un hecho de importancia enviado al regulador.
«Nos han informado que SOBOCE contactó al Sr. Rodriguez Zapatero en el año 2024 para la prestación de un servicio de asesoría de asuntos públicos en diversos aspectos comunicacionales e institucionales relacionados con su reclamo del pago de la expropiación de acciones antes mencionada, por cuyos servicios cobró la suma de € 200,000, pagados debidamente a través del sistema financiero», informó Leche Gloria. Respecto al reclamo, el grupo precisa en el hecho de importancia que se refiere a una controversia con el Estado boliviano relacionado con la expropiación por parte del Estado Plurinacional de Bolivia «de un paquete accionario de Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)’, que pertenecía a SOBOCE.
El pasado 24 de junio la Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española dió por «acreditado» que Rodríguez Zapatero «realizó gestiones» para, por ejemplo, conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba litigios millonarios con la administración pública de Bolivia, y el ministro de Justicia boliviano, informó la agencia de noticias española EFE.
Según el dosier policial, fechado el 22 de junio, «esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y, como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research».
Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, con base en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados «no guardan relación» con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como «sociedad interpuesta».
Detrás de los pagos efectuados por Focus Social Research a una cuenta del expresidente Rodríguez Zapatero, la UDEF ve «indicios» de que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos».
Rodríguez Zapatero es el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia y ha declarado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Gobernó entre 2004 y finales de 2011.
Congreso boliviano investiga pagos
El miércoles pasado, el Senado de Bolivia aprobó la creación de una comisión que investigará la presunta influencia que ejerció el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el país a favor de una empresa peruana, Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.
La «Comisión Especial de Investigación», aprobada en una sesión realizada esta jornada, estará «encargada de indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas en Bolivia por José Luis Rodríguez Zapatero y otros actores nacionales o extranjeros, en favor del Grupo Gloria del Perú», explicó la Cámara alta en un comunicado de prensa.
También investigará la «eventual incidencia» de Rodríguez Zapatero y los otros posibles implicados «en decisiones judiciales y constitucionales relacionadas con un litigio empresarial», agregó.
La comisión estará integrada por seis senadores de las distintas fuerzas políticas con representación en la Cámara alta y tendrá un plazo de hasta tres meses para realizar la investigación y presentar un informe final al pleno.
Forbes Staff / EFE.