La decisión se produjo tras revelarse la contratación de la hija del funcionario en un despacho legislativo vinculado a un partido aliado del expresidente Pedro Castillo, recluido en dicho centro penitenciario.
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, ordenó la remoción del director del penal de Barbadillo, donde están recluidos los expresidentes peruanos Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, por presuntos vínculos con el partido de Castillo por la contratación de su hija en un despacho legislativo, según informó este lunes el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El despido del director de Barbadillo, Calixto Lucero, responde a «los graves hechos ocurridos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario», indicó el INPE en su cuenta de la red social X.
En tal sentido, anunció que ha encargado la dirección de la referida cárcel, ubicada en el distrito de Ate, al este de Lima, al servidor Claudio Lino Andia Nina, mediante la Resolución Presidencial N.° 706.
De la misma forma, el INPE reafirmó su compromiso con una gestión segura y transparente, y que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios del país.
Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder reveló en la víspera que la hija del removido director de Barbadillo había sido contratada en la oficina de la diputada Azucena Isla, del partido Juntos por el Perú (JP) aliado político del expresidente Castillo y que respalda el pedido de indulto para el exmandatario (2021-2022).
El hijo de otro agente del INPE también ha sido contratado por la bancada de JP en el Parlamento y el exdirector de Barbadillo, Héctor Sandoval, es el nuevo asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú.
La investigación periodística de Cuarto Poder se difundió días después de que Juntos por el Perú anunció un proyecto de ley para conceder una amnistía a los investigados y procesados entre el 28 de julio de 2021, cuando Castillo asumió la presidencia del Perú, hasta el 7 de diciembre de 2022, día en que anunció un fallido intento de golpe de Estado.
El principal beneficiado sería el expresidente Castillo, que tiene una condena de 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión, y que no ha logrado obtener un indulto humanitario solicitado en varias oportunidades por su defensa ante la Presidencia de la República.
Con información de EFE