El discurso de más de tres horas contempló anuncios de un posible incremento del sueldo mínimo, la adjudicación de proyectos para este año y el aumento de la inversión pública. Especialistas detallan los temas ausentes y los aciertos del mensaje a la nación de Dina Boluarte.
Este viernes 28 de julio, la presidenta, Dina Boluarte, dio su esperado primer mensaje a la nación por fiestas patrias luego de que, en diciembre pasado, asumiera el cargo tras el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
Mientras manifestantes en contra del gobierno protestaban en las afueras del Congreso de la República, la mandataria dio un discurso de más de tres horas en el que narró las condiciones adversas en las que recibió el país y los avances que ha logrado en sus siete meses al mando.
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Para Jeffrey Radzinsky, director de la consultora GFP, el discurso de la mandataria no logró conectar eficientemente con los ciudadanos. Se trata de un aspecto relevante, pues, según la más reciente encuesta de Ipsos, solo el 14% de la población en Perú aprueba la gestión de Boluarte.
«[Fue] muy deficiente políticamente. El lenguaje y referencias iniciales solo la alejan de una ciudadanía que en su gran mayoría la desaprueba. Junto a ello, la crítica al pésimo Gobierno de Castillo pierde fuerza porque ella fue defensora y protagonista en esa gestión, como ministra de Estado. Un discurso tan largo con centenares de datos y sin establecer prioridades se pierde en la intrascendencia», comentó.
En tanto, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), consideró que para dar confianza no se requieren de mensajes largos, sino de mensajes concretos. «No ha sido un mensaje malo, fuera de lo usual, pero para el contexto actual pudo ser mejor. Han faltado mayores anuncios con respecto a aspectos que permitan mover la aguja en inversiones y la confianza empresarial», acotó. El ejecutivo reiteró que se espera que la inversión privada caiga más de 5% este año.
Asimismo, Gallardo dijo que, en la presente situación social y política del país, se requería un discurso más acotado sobre qué va a hacer el Gobierno para cambiar el contexto actual de gobernabilidad, de desaceleración económica y crisis climatológica.
En esa línea, Patricia Lengua, economista y docente investigadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), consideró que las medidas de política mencionadas no se han enmarcado en un paquete más ambicioso para reactivar la economía. Cabe mencionar que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo hace un mes su proyección de crecimiento de la economía peruana de 2,6 % a 2,2 % para este año. Ello debido, en gran medida, a las protestas sociales que impactaron con fuerza durante los primeros meses del 2023.
«Se mencionan ciertas medidas que podrían ayudar, pero no con la fuerza necesaria que se necesita. A mi parecer, las medidas que se están adoptando son medidas de sobrevivencia. Sin embargo, no son suficientes para reengancharnos a un crecimiento mayor».
INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA
Durante el mensaje a la nación, Boluarte hizo mención a la adjudicación de inversiones y la ejecución de obras públicas en salud, educación, entre otros sectores. De hecho, indicó que una meta del Gobierno es alcanzar una ejecución del 75% del presupuesto de inversión pública del 2023, «con una ejecución histórica en los tres niveles de Gobierno, que permitirá reducir las brechas de infraestructura y acceso a
servicios en nuestro país».
En tal sentido, Eduardo Jiménez, economista y jefe del servicio de información de Macroconsult, consideró positivo que el discurso busque impulsar la inversión privada y pública, con metas de ejecución ambiciosas. “Se ha ofrecido una ejecución sin precedentes de la inversión pública. Por suerte, en los últimos años, hemos visto que esta ha avanzado a ritmos más allá de lo esperado. Este año, dado que han entrado autoridades subnacionales nuevas, se anticipaba una caída en la inversión pública. Si se logra cambiar esa perspectiva, va a ser un ‘gol’ de este gobierno y creo que puede ayudar a afianzar una recuperación”, dijo.
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De otro lado, la presidenta también comentó que, a través de Proinversión, en el segundo semestre de año, se adjudicarán inversiones por US$1.760 millones en Asociaciones Público Privadas (APP) y obras por impuestos en proyectos de salud, telecomunicaciones, transmisión eléctrica, entre otros. Además, anunció que, en los siguientes tres años, el Gobierno planea poner en marcha una petroquímica con inversión privada en el sur del país (iniciativa que ya ha sido nombrada años atrás como parte del proyecto conocido Gasoducto Sur Peruano).
«Me parece importante el énfasis del discursos en los proyectos. [Ella ha hablado del] impulso de las asociaciones público-privadas y de las obras por impuestos, conexiones de gas natural, petroquímica, destrabe de proyectos, reactivación de sectores específicos, fideicomiso para la movilidad urbana. En todo caso, si se logra avanzar la mitad o una cuarta parte de lo anunciado, va a ser positivo. Ese énfasis es importante para una recuperación económica. No solo hay gasto público adicional, sino que allana el camino para que la inversión privada pueda avanzar”, destacó Jiménez.
En contra parte, Lengua resalta que, pese a los anuncios en inversión en infraestructura —como la creación de centros especializados de asistencia técnica para la mejora de la calidad de los proyectos de inversión pública—, la presidenta no ha dado detalles de cómo se llevarán a cabo estas políticas. Al encontrarnos en el primer año desde la elección de las autoridades subnacionales —lo que está relacionado a una menor ejecución del gasto público—, asegura quw duda que la ejecución histórica del 75% en los tres niveles de Gobierno como lo menciona en su discurso sea una meta alcanzable.
«Tampoco se menciona el gran problema que se ha visto desde el 2016 y que se intensificó en los últimos años: la alta rotación de autoridades. Ello tiene un impacto en cómo se ejecuta el presupuesto. Finalmente, la inclusión de las inversiones y obras públicas a las que la presidenta Boluarte se refiere en su discurso ya estarían incorporados en las proyecciones de los agentes económicos donde se espera un menor dinamismo en la inversión pública, así como la contracción de la inversión privada», anota la docente investigadora de la UPC.
SUELDO MÍNIMO
Uno de los logros que destacó Boluarte en su mensaje fue la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), espacio en el que empleadores, trabajadores y el Gobierno dialogan y llegan a acuerdos en materia laboral. El alza del sueldo mínimo siempre ha estado en la mesa de debate; y desde hace varios años se discute —sin llegar a consensos— un mecanismo técnico para la determinación del salario mínimo con el objetivo de otorgar mayor predictibilidad respecto a cuándo y cuánto se realizarían los ajustes del salario mínimo.
Boluarte adelantó que espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, «pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital, que mejore las condiciones de
vida de nuestras trabajadoras y trabajadores».
Gallardo, de IPE, consideró que antes de hablar de un aumento, lo que corresponde es hablar de lineamientos claros sobre en qué casos corresponde un incremento. Es decir, aprobar un mecanismo consensuado entre todas las partes. «Desde el IPE hemos sido claros sobre la alta heterogeneidad que existe respecto a la remuneración mínima vital (RMV) entre regiones, tamaños de empresas y sectores económicos. Esta heterogeneidad hace que aprobar un aumento de RMV, en un contexto donde la inflación está bajando y se espera que alcance alrededor de 4% y 5% hacia fines de año, no sea lo más adecuado», explica.
Entre los lineamientos claros de cuándo corresponden los aumentos, indicó que espera que el aumento de la inflación no sea el único elemento a considerar, sino también otros como el crecimiento económico, el empleo y la productividad.
«Otro tema que no debe olvidarse es que el tamaño de la informalidad laboral es grande (76%). En general, un incremento de RMV que no sigue a criterios técnicos hace más costosa la posibilidad de poder incorporar a más personas a la formalidad», indicó.
En tanto, Lengua, de la UPC, también consideró que realizar un incremento del sueldo mínimo en estos momentos no sería adecuado. Explicó que el salario mínimo debería estar vinculado a los sectores y empresas que tienen una menor productividad y debería ser solo un porcentaje bajo de lo que es el salario promedio (el cual está relacionado a una productividad promedio). «Si es que sucediera que el sueldo mínimo está cercano al sueldo promedio, nos encontraríamos en una situación que conllevaría a que las empresas con bajos niveles de productividad (por debajo del promedio) resulten inviables y no puedan contratar trabajadores de manera formal», indicó.
En tal sentido, la catedrática menciona que el salario mínimo actual en Perú de S/1.025 representa más del 50% del monto del salario promedio de la economía; lo cual es relativamente elevado en comparación a otros países como Estados Unidos, donde el salario mínimo es aproximadamente un 20% del salario promedio.
«Tenemos un salario mínimo cercano al salario promedio por lo cual [el alza] impactará en mayores niveles de informalidad laboral y mayor desempleo, sobre todo para los trabajadores menos calificados y con menores salarios. Aumentar el salario mínimo en este momento afectaría justamente a la población que se quiere proteger (…). Asimismo, en un contexto de niveles altos de inflación, un aumento del salario mínimo tendría una repercusión sobre la inflación debido a que también suben los costos de los sectores que son más intensivos en mano de obra, lo que finalmente se traslada a un incremento de precios», finaliza.
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