Estas actividades impactan de forma negativa en el medioambiente, la política, la seguridad, los derechos humanos y el desempeño del PBI. Reducir su poder requiere respuestas articuladas por parte de entidades gubernamentales. También es vital golpear su rentabilidad.
El 2025 ha sido un año bastante saludable para la economía peruana. De hecho, según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PBI local se expandió 3,94% en septiembre respecto al mismo periodo del 2024. Con el resultado de septiembre, además, el país acumuló 18 meses consecutivos de crecimiento de la actividad productiva. Sin embargo, en paralelo al optimismo que estas cifras puedan generar, los empresarios y ciudadanos se muestran hoy preocupados por un problema que amenaza su bienestar: las economías ilegales.
Para entender este problema, es clave tener clara una definición sobre este tema. De acuerdo con Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, las economías ilegales son actividades cuyo flujo de dinero y recursos están asociados a una actividad criminal. “Hay que diferenciarlo del mercado ilegal, que es el sistema de transacciones, donde el objeto o la transacción están prohibidas. La economía ilegal es toda la riqueza que gira alrededor de ese mercado, por ejemplo”, detalla Zevallos, quien también es exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
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Las economías ilegales han estado presentes en América Latina desde casi la fundación de la vida republicana de muchos países. De hecho, como señala José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, originalmente eran actividades como evasión de impuestos, contrabando, venta de objetos robadas. Sin embargo, lo que existe ahora de forma más marcada son actividades económicas controladas por organizaciones criminales.
Por muchos años, el narcotráfico fue la economía ilegal más relevante de América Latina y Perú, coinciden los especialistas consultados por Forbes. Sin embargo, también refieren que el panorama actual es diferente, ya que, a esa actividad, se han sumado otras y, en conjunto, ya tienen un peso no menor en la economía peruana. Justamente, el informe “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacifico en 2024, determinó que las economías ilegales equivalen a entre el 3% y 4% del PBI del país.
La más relevante de estas actividades hoy es la minería ilegal. Martin Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía, explica que un análisis realizado por su think tank proyecta que se exportarían US$12.000 millones de dólares de oro ilegal en 2025. La cifra es más impactante al considerar que, de acuerdo con el IPE, el monto de estos envíos alcanzaría el mismo valor que las ventas al exterior de oro legal este año. “Para el 2025, se asume de manera conservadora que el volumen [de oro ilegal exportado] aumentaría entre 10% y 20%, en función al promedio de crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años”, complementa Valencia.
Si bien el precio de la cocaína ha subido, el del oro ha subido mucho más, sostiene Pérez Guadalupe. “Una cosa es traficar droga y otra oro. Las penas son más bajas [para la segunda actividad]. Hay más incentivos [para hacerlo]. Por eso es que la minería ilegal está [tan presente] en el país”, comenta el exministro del Interior y catedrático.
A la minería ilegal y al narcotráfico, se suman el contrabando y la tala ilegal de madera, manifiesta Zevallos. “Hicimos una informe junto con Empresarios por la Integridad, donde estimamos que solo el valor de las ventas ilegales de estos cuatro productos pueden generar US$7.500 millones al año. Pero es una estimación conservadora, pues no cuenta todo el dinero que dejan en su recorrido desde las zonas de producción hasta los puntos donde se exporta”, indica el criminólogo.
Efectos nocivos
Más allá de los montos, los efectos de estas economías son altamente perjudiciales para la actividad productiva nacional, pero también para el medioambiente y el bienestar de los peruanos. Una de las consecuencias más relevantes es que estas actividades están penetrando severamente en las entidades públicas y dañando el correcto funcionamiento de todos los poderes del Estado.
“El Estado está siendo capturado desde adentro. En el Informe «Indicadores para entender las economías ilegales en el Perú», el análisis comparativo realizado muestra que el Perú tiene una mayor presencia de actores criminales integrados en el Estado que el promedio de Sudamérica. No son amenazas externas, son autoridades corruptas, fiscales amenazados, policías cooptados operando desde las instituciones mismas. El resultado es un círculo vicioso: la corrupción permite que las economías ilegales prosperen sin fiscalización, lo que genera más desconfianza en el Estado e incentiva más corrupción”, dice Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).
Una consecuencia que tiene esta afectación es que los ciudadanos crean menos en el Estado y que la confianza en las instituciones se erosione progresivamente. “Cuando una persona es víctima de un delito y decide no denunciar, porque sabe que no pasará nada o que podría sufrir represalias, el Estado ha fallado en su función básica de seguridad. Esto ocurre masivamente en nuestro país”, menciona Aragón. De hecho, Zevallos complementa diciendo que la fuerte presencia de economías ilegales hace más difícil que se provean servicios públicos, ya que generan contextos violentos donde no siempre es posible trabajar.
Adicionalmente, la investigadora asegura que, en este contexto, la economía formal se desmorona bajo la presión de la ilegalidad. “Las economías ilegales se consolidan alrededor del alto valor económico de los recursos que controlan. La minería ilegal genera rentabilidad extraordinaria que financia estructuras criminales permanentes. Una vez consolidadas, estas operan con autoridades cooptadas y cadenas de suministro capturadas. El patrón se replica en narcotráfico, tala y extorsión. Consecuentemente, las inversiones huyen de regiones donde la ilegalidad y las redes criminales dictaminan las reglas del juego”, afirma.
El impacto social tampoco es menor, especialmente en cuanto a la afectación de derechos humanos. “Todas las cadenas de suministro de estos mercados ilegales comportan múltiples vulneraciones, a la vida, integridad, con condiciones de trabajo y salud muy nocivas, y con amenazas constantes a quienes tratan de enfrentarse a estas actividades delictivas”, afirma Zevallos.
Guadalupe resalta el aumento de la delincuencia como otro problema social provocado por las economías ilegales. “[Se incrementan] peleas entre bandas, el sicariato, el lavado de activos”, sostiene. Ad portas de las elecciones presidenciales y congresales de 2026, también es relevante mencionar que estas economías ya han penetrado a la política. De hecho, constantemente se vuelve público que personas vinculadas a estas actividades financian o integran organizaciones políticas que participarán en los comicios. “Ya no solo los narcotraficantes ponen alcaldes y financian campañas políticas. Los mineros ilegales financian a sus propios congresistas que legislan a favor de ellos”, afirma Pérez Guadalupe.
Para Valencia, del IPE, es un hecho que existe una marcada asociación entre las áreas de mayor extracción ilegal y el incremento de la violencia y la inseguridad. Afirma que, en estas localidades, bandas armadas vinculadas a la minería ilegal ejercen control territorial a través de extorsiones, robo de mineral y secuestros. De hecho, revela que, entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se duplicó en regiones con alta presencia de minería ilegal, como La Libertad, Madre de Dios y Arequipa. Además, indica el vocero del IPE, entre los distritos con mayores tasas de homicidios del país en el último año se encuentran focos de minería ilegal, como Pataz, en La Libertad (92 homicidios por cada 100 mil habitantes), o Ananea, en Puno (75 homicidios por cada 100 mil habitantes), muy por encima del promedio nacional (cuya tasa es de 9,3 por cada 100 mil habitantes).
El daño de estas actividades al medioambiente también es uno de los aspectos más preocupantes, ya que compromete a diversos ecosistemas (su flora y fauna) y la calidad de vida de los ciudadanos que dependen de ellos. Aragón hace hincapié en que este perjuicio es irreversible y se materializa en la degradación de recursos críticos. En ese sentido, la experta explica que las economías ilegales generan contaminación de sistemas hídricos a través de minería clandestina, deforestación acelerada mediante tala no regulada, y transformación de territorios amazónicos para cultivos de producción ilícita. “Estos impactos generan restricciones en acceso a agua y recursos para poblaciones locales, y limitan opciones de desarrollo económico alternativo. Diferente de otros daños, la recuperación ambiental opera en horizontes de largo plazo—décadas—lo que amplía el costo temporal de estas actividades sobre generaciones futuras”, concluye.
Acciones estatales
La respuesta del Estado ante este avance debe estar en varios frentes. Si bien es solucionar el problema complejo, Zevallos dice que lo primero que se requiere es tener objetivos claros de lo que se busca reducir y ofrecer alternativas para las personas que trabajan en estas economías. “¿Qué se quiere controlar? ¿La violencia?, ¿El peso de estos mercados en la economía?, ¿La capacidad de producción? En todos los escenarios, el desafío es un accionar equilibrado entre el control y la persecución penal y el desarrollo. Esto debe tener un enfoque económico. La persecución debe hacer más caro y riesgoso el mercado ilegal. El desarrollo debe ofrecer alternativas lícitas rentables y accesibles como alternativa a lo ilegal”, propone el director del Instituto de Criminología.
Los expertos también coinciden en que la respuesta debe ser parte de un plan integral y no respuestas fragmentadas y desarticuladas de entidades estatales. Asimismo, dice Aragón, es vital contar con tecnología avanzada: inteligencia artificial, big data, geolocalización satelital, plataformas interinstitucionales. “Las organizaciones criminales operan en ecosistemas digitales; el Estado debe equipararse. Asimismo, se deben desplegar estrategias territoriales diferenciadas: cada región requiere diagnóstico específico y un modelo de intervención adaptado; y la asignación de un presupuesto correspondiente”, señala la investigadora.
Según Pérez Guadalupe, al tratarse de actividades económicas, debería golpearse su rentabilidad. Para ello, propone hacer énfasis en el lavado de activos, incautación de bienes y congelación de cuentas. “Eso se hace con mucho trabajo de inteligencia”, afirma. Específicamente para el caso de la minería ilegal, Valencia manifiesta que el Estado requiere enfocarse en la trazabilidad del oro, desde su extracción hasta su comercialización. Además, sostiene que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS debe potenciar su trabajo para identificar operaciones sospechosas de minería ilegal y lavado de activos.
Los especialistas señalan que, fuera de las medidas de corto plazo y el diseño de una estrategia integral, también se deben ejecutar acciones estatales enfocadas en reducir la informalidad (alrededor del 70% de los trabajadores en el país es informal, estima el IPE), ya que esta es un caldo de cultivo para el desarrollo de las economías ilegales. ¿A qué se debe? Para empezar, Zevallos explica que los trabajadores o empresarios informales no pueden acceder al sistema financiero formal, entonces recurren a actores irregulares para conseguir financiamiento que luego los expone a prácticas extorsivas y estafas, como el gota a gota. Destaca que las personas que trabajan en la informalidad figuran entre las principales víctimas de las redes criminales. Además, afirma, la informalidad implica el flujo y acumulación de mucho dinero sin control ni regulación. “La economía informal es muy permeable al ingreso de dinero ilícito. Es casi imposible rastrear el dinero ilegal que ingresa al sistema informal”, manifiesta Zevallos.
Lo cierto es que, como sostienen los especialistas consultados por Forbes, la informalidad en el Perú se ha normalizado a tal punto que la línea entre lo informal y lo ilegal se difumina completamente. «El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es símbolo emblemático de ello: fue diseñado para que mineros informales se inscribieran y se formalizaran genuinamente. En la práctica, mineros ilegales utilizaron la protección como escudo permanente de impunidad, continuando operaciones idénticamente. Territorios donde la minería ilegal es más intensa tienen simultáneamente más inscritos en Reinfo. El Estado diseñó una política para combatir ilegalidad que terminó legitimándola», destaca Aragón.
Según la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la UP, las estructuras criminales no crean informalidad, ya que capturan la preexistente. «La informalidad es la infraestructura invisible sobre la que se construye ilegalidad. Genera un ciclo perverso: informalidad perpetúa ilegalidad porque crea espacios de baja visibilidad estatal; ilegalidad perpetúa informalidad porque intimida emprendedores legales que deliberadamente se ocultan para evitar represalias criminales», afirma.
La experta sostiene que es fundamental combatir las economías ilegales y reducir la informalidad de manera simultánea. En ese sentido, sugiere que se apueste por una simplificación drástica de trámites de formalización con sanciones reales a la informalidad reincidente. También propone bloquear el acceso a contratos públicos, registros visibles de infractores y multas progresivas para los informales. «Pero, en paralelo, [se necesita] inversión en oportunidades económicas legales genuinas que compitan en rentabilidad con ilegalidad. Sin ambas estrategias actuando conjuntamente, nada cambia», comenta.
El papel de las empresas
Hay diversas acciones que involucran empresas que se pueden emprender ante esta problemática. Una es eliminar la venta callejera y ambulatoria de chips de telefonía móvil. De hecho, aunque está prohibida por ley desde 2023, aún se sigue dando en el país. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha multado por un valor de 184 millones de soles a las empresas operadores de telefonía móvil ante casos detectados, detalló en un comunicado enviado a Forbes.
¿Y por qué la comercialización callejera de los chips se vincula con las economías ilegales? Según Zevallos, este tipo de operación es una vulnerabilidad, ya que sirve para que los operadores del narcotráfico, minería ilegal, contrabando, entre otros, se comuniquen con menor posibilidad de ser detectados (por la falta de control de la identidad de los compradores). La venta callejera de estas tarjetas, además, brinda acceso fácil a un medio por el cual se extiende la extorsión, un delito muy vinculado a varias de las economías ilegales. “Está claramente prohibida la venta callejera, pero no alcanza. Se necesita actuar contra los lugares donde se venden estos chips. Todo el mundo sabe donde se venden, por lo que no se entiende porque no se intervienen de forma sostenida”, comenta Zevallos.
Ante la coyuntura, algunas empresas del sector han empezado a tomar medidas más robustas para eliminar este comercio. Entel, por ejemplo, afirma que ha activado un sistema de geolocalización que permitirá conocer la procedencia de las activaciones de líneas móviles, lo que fortalece la trazabilidad y facilita la detección de posibles irregularidades. “Asimismo, hemos reforzado la supervisión en nuestros puntos de venta autorizados a nivel nacional para garantizar que todas las activaciones se realicen conforme a los procedimientos establecidos por el regulador, que incluyen la verificación biométrica del cliente, la validación del documento de identidad y el registro inmediato en los sistemas del operador”, dice Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú.
La empresa también asegura que ha fortalecido los mecanismos de seguridad en la contratación de servicios móviles mediante biometría del comprador, biometría del vendedor, contraseña única y otros controles. Por su parte, Movistar, comenta que está realizando operativos en las zonas de mayor recurrencia de este delito con la posterior denuncia ante las autoridades. “También fortalecimos el control de nuestro aplicativo de ventas móviles, que solo permite activar una línea por mes por persona y estamos culminando la implementación de un sistema de geolocalización que bloquea activaciones en zonas no autorizadas. Asimismo, reforzamos a nuestros distribuidores que cumplir con las normas no es opcional y que habrá consecuencias legales y comerciales si no lo hacen”, dice Ana Claudia Quintanilla, gerente de Regulación de Movistar. Forbes contactó a Bitel y a Claro Perú para conocer su postura sobre este tema, pero no obtuvo comentarios.
El sector financiero es otro terreno en donde pueden impulsarse soluciones. De acuerdo con Aragón, de la UP, una palanca poderosa para combatir las economías ilegales es la bancarización acelerada. «El dinero ilícito depende del efectivo para ocultarse. Las transacciones digitales quedan trazables permanentemente. Expandir el acceso bancario reduce la dependencia de efectivo que financia la ilegalidad», manifiesta.
Para Zevallos, las empresas deben seguir trabajando en hacer visible el impacto que estas economías tienen en sus rubros. De hecho, gremios como la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Cámara de Comercio de Lima han abordado la problemática en foros y en campañas de información. «La idea es ejercer presión sobre el Estado para que cumpla con el rol de garantizar las condiciones idóneas para el desarrollo económico y empresarial lícito», dice el criminólogo.
El experto también propone que, si está a su alcance, las empresas apoyen a las instituciones de seguridad y justicia a cerrar sus brechas. «Ahí es factible trabajar con Obras por Impuestos, por ejemplo, enfocadas en cosas tan importantes, como cerrar las brechas de equipamiento y telecomunicaciones. También es necesario que cierren filas para no negociar ni venderle a los actores ilegales. Esto último es un compromiso serio, aunque puede ser complejo identificar quienes están o no del lado de la legalidad», concluye.
Sin duda, luchar contra las economías ilegales es uno de los mayores retos que tiene el Estado actualmente y un desafío para el nuevo Gobierno que empezará en julio de 2026.