El Instituto Peruano de Economía (IPE) encuestó a 100 economistas sobre los temas más urgentes de la economía y políticas públicas. Además del incumplimiento fiscal, la mayoría estima que la pobreza monetaria se reduciría hasta 25,6% y alcanzaría el nivel de 2012.
La meta de déficit fiscal establecida para el 2026 por el gobierno «no es creíble ni alcanzable», según un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El estudio es parte de la recientemente lanzada iniciativa “Los principales economistas opinan”, a través de la cual el IPE encuesta a 100 economistas sobre los temas más urgentes de economía y políticas públicas.
En la primera entrega del estudio – que recogerá información mensual– el IEP concluyó que cinco son las problemáticas asociadas al a economía peruana que están entre la agenda de los economistas.
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El incumplimiento fiscal –es decir, la imposibilidad de alcanzar la meta de déficit fiscal establecida por el gobierno– es una de ella. De acuerdo con el estudio, el 65% de los encuestados no considera creíble ni alcanzable que el indicador cierre en 1.8% del producto bruto interno (PBI) este año.
Además, el 90% de los encuestados estima que la pobreza monetaria disminuyó en el último año. En ese sentido, prevén que la tasa de pobreza podría reducirse hasta 25,6%, lo que la ubicaría en el mismo nivel de 2012. Cabe indicar que el 22% de los economistas anticipa que la pobreza podría haberse reducido incluso entre 2 y 3 puntos porcentuales.
La minería ilegal también está entre los asuntos económicos más relevantes para los encuestados. Sobre este tema, el 93% considera que la mayor inseguridad, crimen y violencia es su principal impacto, seguido por un 67% que opina que la degradación de áreas naturales protegidas y afectación a la salud. Otro 14% indica que también afecta a las operaciones mineras y un 11% que retrasa el inicio de proyectos mineros.
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El estudio también revela que el 87% para resolver la crisis organizacional de Petroperú se requiere el ingreso de capital privado. Para ello, el 68% opina que debería prepararse para la incorporación de capitales privados a través de mecanismos como la reorganización patrimonial y la reducción del personal; un 19% que debería ingresar capital privado en su estado actual; y un 12% considera que que se le debería incorporar en un proceso concursal en Indecopi.
Sobre la agenda 2026-2031, el 44% de los encuestados apuesta por el destrabe de proyectos mineros y el 43% de destrabe de proyectos de infraestructura como medida de impacto económico directo para lograr el crecimiento sostenido. Un 34% indica que flexibilizaría la regulación laboral vigente.