La solicitud de la CIDH para impedir la salida de prisión del expresidente es vinculante y el Estado está obligado a darle cumplimiento. Se esperaba la excarcelación de Fujimori este jueves.
La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de pedir al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) atrasará su excarcelación al menos hasta el 6 de abril, cuando este tribunal sesionará, estimó este miércoles el abogado del exmandatario, César Nakazaki.
El letrado declaró a Canal N que la orden de la CIDH es una medida de urgencia que adopta su presidente, pero que no considera a todos sus magistrados, los que se reunirán el próximo 6 de abril en su sesión de audiencias.
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«Tiene que ser notificada y la Corte Suprema (de Perú) es la llamada a decidir si acatará o no», afirmó el letrado.
Sin embargo, Nakazaki estimó que con esta medida Fujimori no podrá salir hasta el 6 de abril, fecha en que se realizará la sesión de audiencias de la CIDH en la que se conocerá su decisión completa.
La Corte Interamericana requirió al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de dos casos de violaciones a los derechos humanos —las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta—, por las cuales fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
Los familiares de las 25 víctimas de estos casos solicitaron medidas provisionales a la CIDH cuando el Tribunal Constitucional de Perú admitió un habeas corpus que restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017.
Trámite en curso
Por su parte, el procurador del Estado peruano, Carlos Reaño, declaró al portal Convoca.pe que este miércoles notificará sobre la decisión de la Corte Interamericana al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Instituto Nacional Penitenciario y al Tribunal Constitucional (TC), para dar cumplimiento a su orden.
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«La disposición es vinculante», agregó Reaño al ser consultado sobre la obligatoriedad del Estado peruano de darle cumplimiento.
Asimismo, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, que votó en contra de restituir el indulto a Fujimori, comentó al mismo medio que «lo que han conseguido los familiares de las víctimas (al acudir a la CIDH) es que, por más fiesta que haya en la Diroes (la prisión donde está recluido), el señor Fujimori no puede salir».
Cuestionada resolución del TC
Espinosa-Saldaña añadió que, con su resolución, el TC se arriesgó a recibir «un jalón de orejas» a nivel internacional.
A su vez, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, declaró a canal N que la resolución del Tribunal Constitucional era «ilegal» y no tenía «ningún sustento».
Calificó al pronunciamiento de la Corte de «categórico» porque la resolución del TC era «absolutamente contraria» a las sentencias que dio previamente sobre los casos de abusos a los derechos humanos por los que fue sentenciado Fujimori en 2009.
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La legisladora Susel Paredes, del Partido Morado, exclamó en su cuenta de Twitter que «el Estado peruano debe cumplir su mandato por ser vinculante conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte».
Previo a la solicitud de la CIDH
Horas antes de conocer la decisión de la CIDH, las hijas del exmandatario, Keiko y Sachi, acudieron al penal para visitar a su padre y confiaban en que los trámites judiciales le permitiesen salir el jueves.
Keiko Fujimori admitió que el exmandatario, de 83 años, estaba «un poquito ansioso» y que coordinaban los exámenes médicos y su traslado en ambulancia, una vez que pueda ser excarcelado.
EFE
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