Ministerio Público investiga a abogados que denunciaron a la fiscal de la nación

El Ministerio Público de Perú abrió una investigación preliminar contra dos abogados que denunciaron penalmente a la fiscal general peruana, Patricia Benavides, luego de que esta presentara una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, informaron este viernes medios locales.

Según la disposición, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio habrían integrado el despacho del legislador izquierdista Guillermo Bermejo, por lo que se les debe investigar por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado.

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El Código Penal peruano señala que los funcionarios o servidores públicos que patrocinan “intereses de particulares ante la administración pública” pueden ser condenados a dos años de prisión o hasta cuarenta jornadas de servicio comunitario.

Sobre las denuncias

Noblecilla y Atencio denunciaron esta semana a Benavides por la presunta comisión del delito de prevaricación, que recibe una pena de hasta 5 años de prisión, con el argumento de que esta actuó “de manera contraria a la ley” al interponer la denuncia constitucional contra Castillo.

Los abogados también presentaron la semana pasada una primera denuncia penal contra la fiscal general por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

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Según esta denuncia, Benavides habría debilitado la labor de la Fiscalía al haber retirado a la fiscal suprema Bersabeth Revilla del caso que se sigue contra Emma Benavides, una jueza que es su hermana y está siendo investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir.

Denuncia constitucional contra la fiscal

El pasado miércoles, la ministra de Cultura, Betssy Chávez, también presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal general por presunta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricación.

La fiscal general envió este martes al Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y complicidad en el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

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El Ejecutivo peruano defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

EFE

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