También era parte del debate congresal de este lunes la inhabilitación del presidente de la Junta Nacional de Justicia, que fue finalmente rechazada por los legisladores.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura de Perú, se quedó con cinco miembros después de que el Congreso aprobara inhabilitar a dos de sus magistrados más reconocidos, pero rechazara aplicar esa misma medida a sus otros integrantes, entre ellos su presidente, Antonio de la Haza.
El pulso entre ambos poderes del Estado se cerró este lunes, en principio, con el rechazo al pedido de también cesar a De la Haza y a la magistrada Imelda Tumialán, tal como insistieron el fujimorismo y representantes de bancadas de derecha, que estuvieron entre los principales promotores de la sanción.
En una primera instancia, el pleno aceptó reconsiderar las votaciones en estos dos casos, que el jueves pasado fueron negativas, pero la votación de este lunes tampoco alcanzó los 67 votos mínimos necesarios para que prospere la acusación.
El pasado jueves, el Parlamento sí cesó a Inés Tello y Aldo Vásquez, dos de los más reconocidos integrantes del órgano judicial, tras una polémica votación en la que dos legisladores cambiaron su decisión.
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Tello fue inhabilitada con solo un voto más de los 66 requeridos por ley, tras lo cual el pleno rechazó una petición para repetir esa votación, que fue planteada por un sector del Legislativo que se oponía a la drástica medida.
Sin embargo, parlamentarios del fujimorismo, la derecha y la extrema izquierda sí aceptaron reconsiderar una primera votación negativa en el caso de Vásquez y superaron por un único voto los necesarios para inhabilitarlo.
En los otros casos, los legisladores rechazaron el planteamiento de cesar a los magistrados Henry Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala, además de a De la Haza y a Tumialán.
El Congreso debatió y votó un informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso acusar e inhabilitar durante 10 años a los miembros de la JNJ por una presunta infracción constitucional, por haber permitido que Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.
En su presentación del pasado jueves ante el pleno legislativo, los miembros de la JNJ defendieron la importancia de la independencia de poderes y destacaron el apoyo internacional que ha recibido el organismo.
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En medio de este enfrentamiento entre el Legislativo y la Judicatura, la presidenta Dina Boluarte pidió la semana pasada al Congreso que reflexione acerca del equilibrio de poderes «para garantizar un país democrático, estable y equitativo».
Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó que la JNJ «es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho» en Perú. EFE
Interpelación a ministros de Boluarte
De otro lado, este lunes el Congreso también aprobó interpelar el próximo 14 de marzo a los ministros del Interior y de Cultura, Víctor Torres y Leslie Urteaga, respectivamente, y el 25 de marzo al de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, por las críticas y cuestionamientos que se hacen a sus desempeños al frente de esos despachos.
El pleno aprobó que el ministro del Interior deberá informar este jueves sobre las acciones que ha ordenado para luchar contra la inseguridad ciudadana y los resultados de los estados de emergencia que se han dictado en diferentes localidades del país para enfrentar esta situación.
La moción de interpelación, que fue presentada con el respaldo de legisladores de diversas bancadas, remarca que Torres responderá ante «los cuestionamientos a su despeño en dicho cargo y su falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana».
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El pleno también aprobó interpelar este mismo jueves a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para que explique la decisión de entregar a una empresa privada la venta virtual de entradas al sitio arqueológico de Machu Picchu, que en enero pasado generó las protestas de pobladores y operadores turísticos de la región sureña del Cuzco.
El Congreso aprobó, finalmente, un pedido para interpelar el próximo 25 de marzo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, «respecto a los cuestionamientos sobre su ineficiencia, así como su capacidad para dirigir tan importante cartera ministerial».
Durante sus presentaciones, los ministros deberán responder a un pliego de preguntas ya establecido, tras lo cual se realizará un debate en el que los legisladores determinarán si se dan por satisfechos o plantean una eventual censura en el cargo que, de aprobarse en una siguiente sesión, obligará a dimitir al señalado con esta medida.
Con información de EFE
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