En un informe, la Contraloría advirtió que en el proceso de contratación del servicio de venta de entradas a Machu Picchu se limitó la participación de los postores.
La Contraloría General advirtió este jueves que la contratación de una empresa privada para la venta virtual de entradas a Machu Picchu y otros monumentos por parte del Ministerio de Cultura fue irregular, por incumplir la ley de presupuesto público.
«La situación expuesta, referida a la contratación de estos dos servicios sin ejecutar un procedimiento de selección establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, así como la suscripción de la adenda para incluir dos espacios culturales sin el debido sustento, afectaron la legalidad con la que se deben regir las actuaciones en la administración pública, limitando la participación de postores», indicó la Contraloría en un informe.
En enero de 2024, pobladores del distrito de Machu Picchu protestaron y realizaron una huelga por la adjudicación por parte del ministerio de la empresa Joinnus, como ente gestor de la venta de entradas al monumento.
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Días más tarde y tras negociaciones, el Ministerio de Cultura anunció la cancelación del contrato con la empresa e informó que iba a desarrollar una plataforma estatal que se encargara de este servicio turístico y que no permitiera el mercado negro de entradas que había anteriormente.
Ahora, la Contraloría ha advertido en un largo informe que este contrato entre el Ministerio de Cultura y Joinnus incumplió la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023 y la Ley de Contrataciones del Estado.
Añadió que este también afectó a la legalidad con las que se deben regir las actuaciones en la administración pública y limitó la participación de postores.
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«(Se) recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto», agregó la institución.
Además, solicita a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, «realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúa el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores públicos del Ministerio de Cultura, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico».
Con información de EFE.
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