El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que se trató de "hechos aislados, no de una política sistemática dirigida por el Gobierno, sino de excesos que no resultan justificables", y que "se han allanado las investigaciones" para que las autoridades citadas por los tribunales rindan cuentas "y eso va a continuar así".

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, considera que aplicar la justicia para dirimir todas las responsabilidades en las protestas tras el «golpe de Estado» del anterior presidente, Pedro Castillo, permitirá la reconciliación.

«Yo creo que este proceso de búsqueda de la justicia, de encontrar la justicia, va a permitir finalmente la reconciliación, que es lo que todos los peruanos deseamos. Porque si nos vamos a mantener divididos en el odio, en el encono, no vamos a ganar nada», declaró Adrianzén en una entrevista a EFE en París.

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Aseguró que la prioridad del Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, que sucedió en diciembre de 2022 a Castillo cuando éste fue depuesto, es «que los peruanos nos encontremos nuevamente, como siempre lo hemos sido, una nación unida y trabajar a partir de allí en la reactivación económica» y «la lucha contra el crimen organizado».

Cerca de medio centenar de personas murieron en las protestas sociales que estallaron entonces y, como subrayó Adrianzén, Boluarte pidió perdón al Congreso, ha asegurado que «no habrá impunidad» y tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial están trabajando para que los responsables tengan que ir ante los tribunales y sean juzgados.

También señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que se trató de «hechos aislados, no de una política sistemática dirigida por el Gobierno, sino de excesos que no resultan justificables», y que «se han allanado las investigaciones» para que las autoridades citadas por los tribunales rindan cuentas «y eso va a continuar así».

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Pero sobre todo, se esforzó en poner el acento en que esas protestas obedecieron a «sucesos o noticias posteriores al golpe de Estado de Castillo», que en ese momento hubo una maniobra para tomar el control de cinco aeropuertos del país «y eso no es una potesta social».

Lo que había detrás -afirmó- eran «personas que estaban vinculadas al anterior presidente y que querían mantener el statu quo».

Adrianzén, que participa en París este jueves y viernes en la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recalcó que en esas revueltas hubo un policía «asesinado cruelmente después de haber sido secuestrado y torturado» y que seis militares «fueron obligados a ahogarse en un río».

«Todo eso lo tenemos que tener presente, porque todos son peruanos», destacó antes de añadir que por eso se van a investigar todos los hechos y su Gobierno «no va a permitir la impunidad» y los autores de esos hechos tendrán que responder ante los tribunales.

Con información de EFE

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