La institución se pronunció luego de que los conflictos entre comunidades que gestionan el ingreso a la Montaña Siete Colores provocaran el fallecimiento de una persona.
La Defensoría del Pueblo de Perú pidió con urgencia este martes mejorar la administración del destino turístico de la Montaña de Siete Colores, en el departamento sureño de Cusco, tras los conflictos entre comunidades que gestionan su ingreso y que provocaron la muerte de una persona.
«Es necesario mejorar la administración de la Montaña de Siete Colores y atender de manera efectiva los servicios básicos en la comunidad. Este esfuerzo contribuiría también a las discusiones sobre su posible designación como Reserva Paisajística», indicó la Defensoría en la red social X.
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Este sábado, una familia fue secuestrada por una de las comunidades que se disputan el acceso y precio al destino turístico, y uno de los miembros de esta apareció muerto con heridas en la cabeza, informaron fuentes oficiales.
«Urge investigación rápida y exhaustiva de la Fiscalía y la Policía, para esclarecer muerte de un comunero, y sancionar a responsables. Rechazamos actos de violencia que vulnera derechos humanos. La protección del patrimonio natural y paz social permiten el desarrollo sostenible», sostuvo.
Expuso que este martes se celebró una reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros donde participaron autoridades regionales y locales, en la que la Defensoría reiteró «la necesidad de priorizar una solución sostenible al conflicto interno de la comunidad de Chillihuani, con el acompañamiento continuo del Ministerio de Cultura».
Añadió que las comunidades involucradas deben evaluar la posibilidad de que la Montaña de Siete Colores sea declarada un Área Natural Protegida.
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Conocida también como Vinicunca o Montaña Arco Iris por sus llamativas franjas de colores formadas por su composición minerológica, mide 5.036 metros y es uno de los puntos turísticos más conocidos de la zona junto el Machu Picchu.
También recomendó fortalecer la comisión de trabajo conformada por el Ejecutivo, el Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad de Cusipata y comunidades.
«Continuamos desplegando esfuerzos para contribuir a la solución del problema, buscando la paz social en el distrito y promoviendo un desarrollo turístico y económico local que respete los derechos humanos y las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Permanecemos atentos», concluyó la Defensoría.
Este fin de semana, el Gobierno Regional de Cusco pidió a turistas nacionales y extranjeros no visitar el lugar hasta que paren los conflictos.
Con información de EFE
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