La Fiscalía les atribuye a los congresistas involucrados en la denuncia "haberse interesado indebidamente y directamente" en la aprobación de un proyecto de ley.
La Fiscalía presentó este miércoles una denuncia constitucional ante el Congreso contra 11 legisladores, en su mayoría conservadores y exmilitares, por una presunta negociación incompatible tras haberse aprobado una ley que permite que varios de ellos cobren sueldo y pensión del Estado en simultáneo.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica en Perú a los altos funcionarios, entre ellos la presidenta y los congresistas, y deben ser aprobadas en el pleno del Congreso para que un investigado puede ser acusado formalmente ante los tribunales.
Al respecto, el Ministerio Público informó en la red social X que la última denuncia ha sido realizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales.
Esta comprende a los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra y José Cueto, quienes son exjefes de las Fuerzas Armadas, así como contra los también parlamentarios Alfredo Azurín, un policía retirado, y Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
Todos ellos integraron la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso en el período 2021-2022.
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La Fiscalía precisó que «se les atribuye haberse interesado indebidamente y directamente» en la aprobación de un proyecto de ley que permitió que Williams, Montoya, Chiabra, Cueto y Azurín «accedan a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total».
Esto se debió a «su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas» de las Fuerzas Armadas, en los cuatro primeros casos, y de la Policía Nacional, en el último.
Tras conocerse la información, la legisladora Patricia Juárez, del partido fujimorista Fuerza Popular, aseguró a medios locales que esta denuncia constitucional «es un absoluto despropósito de parte de la señora fiscal (general), que debería evaluar nuevamente lo que ha hecho».
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Agregó que la decisión fiscal es un «absurdo» que «viola flagrantemente lo que dice la Constitución» peruana y por ese motivo debe «ser materia de una denuncia ante el Congreso» contra la fiscal general, Delia Espinoza.
Juárez sostuvo que esta opción «de ninguna manera es una amenaza» hacia la jefa del Ministerio Público.
Con información de EFE.
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