La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha pedido al Poder Judicial declarar "la ilegalidad" del partido liderado por Keiko Fujimori por realizar "actividades contrarias a los principios democráticos".
El Gobierno de Dina Boluarte acusó este viernes a la Fiscalía de la Nación de haberse «alejado del ordenamiento jurídico» nacional por haber pedido al Poder Judicial que se declare ilegal al partido Fuerza Popular y se le impida participar en las elecciones generales del próximo año.
«Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes», señaló la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en un comunicado, en el que no mencionó directamente al partido fujimorista.
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La PCM añadió que los poderes del Estado y los organismos autónomos, constitucionalmente constituidos, tienen «el deber de consolidar» la «democracia, asegurar el normal desarrollo del próximo proceso electoral y generar confianza dentro y fuera» del país.
Recordó que la presidenta Dina Boluarte convocó a elecciones generales para el próximo 12 de abril en presencia de las autoridades del sistema electoral, y sostuvo que este proceso «no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política».
«La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral», concluyó.
El pedido de la Fiscalía contra Fuerza Popular
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió este jueves al Poder Judicial que declare «la ilegalidad» del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por realizar «actividades contrarias a los principios democráticos».
Espinoza acusó a Fuerza Popular de una «vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales», así como de promover «atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y la sociedad civil organizada».
También señaló que el partido fujimorista exculpa «atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno» (1980-2000), que enfrentó al Estado contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túúpac Amaru (MRTA).
«Por consiguiente, en mérito a la conducta antidemocrática atribuida a la organización política Fuerza Popular», pidió que se disponga la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y que se le excluya de la participación en las elecciones generales peruanas del próximo año.
Tras conocerse la información, Keiko Fujimori, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia de Perú tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, aseguró que se trata de un «pedido abiertamente antidemocrático» y una «cortina de humo» lanzada por la Fiscalía.
La actual fiscal de la Nación enfrenta una posible suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no haber dejado su cargo a la ex fiscal general Patricia Benavides, cuando el mismo organismo anuló la suspensión que se le había impuesto a esta, por las investigaciones de corrupción y tráfico de influencia que existen sobre ella.
Con información de EFE