El arbitraje fue iniciado en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Este miércoles, el alcalde de Lima expresó su alegría por la disolución de la concesionaria Rutas de Lima.
El fondo de inversión canadiense Brookfield informó que inició un arbitraje contra el Estado peruano tras disolver la compañía «Rutas de Lima», que se encargaba de la administración de tres arterias viales en la capital peruana.
El arbitraje se realizará al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, precisó el fondo en un comunicado, en el que indicó asimismo que «se reserva todos sus derechos con relación a las violaciones continuas del Estado y la destrucción de su inversión».
Según la agencia EFE, Brookfield presentó la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y exige más de 2.700 millones de dólares por considerar que se ha afectado su inversión.
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Inversión afectada
En el comunicado, Brookfield explicó que la decisión de liquidar Rutas de Lima se debió a «una serie de medidas arbitrarias y abusivas» que afectaron la viabilidad financiera de la concesionaria. Entre estas medidas, anotó la suspensión del cobro de peajes de los Peajes Chillón y Conchán, lo cual causó pérdida de ingresos para la compañía; la toma «indebida» del Tramo Ramito Prialé, lo que impidió que Rutas de Lima lo construya y opere; procesos legales locales e internacionales; y penalizaciones.
«La serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima. En efecto, como reflejan los estados financieros auditados más recientes de la empresa, la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo. Ante esta situación y en aplicación de la Ley General de Sociedades, la Junta General de Accionistas se ha visto en la necesidad de aprobar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa», alegó Brookfield en el comunicado. El fondo invirtió 3.300 millones de soles (unos 951 millones de dólares a través de Rutas de Lima.
Cabe indicar que Brookfield adquirió Rutas de Lima a medidados de 2016, cuando todavía no se conocía el escándalo de corrupción de Odebrecht. Fue a fines de ese año cuando se destapó la trama de sobornos y financiamiento irregular de campañas electorales realizado por la constructora brasileña a cambio de contratos de obra pública en diversos países de Latinoamérica.
La concesión de Rutas de Lima, iniciada en 2013, suponía la operación y mantenimiento de dos tramos en la Carretera Panamericana que atraviesan la capital peruana, de 31,5 y 54,1 kilómetros en el norte y sur de la ciudad, respectivamente, así como la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, que atraviesa la zona este.
López Aliaga se alegró de la disolución
El alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, celebró este miércoles el anuncio del fondo de inversiones canadiense Brookfield de liquidar la empresa Rutas de Lima, concesionaria de tres importantes arterias viales de la capital peruana y que denunció una «expropiación» de su inversión y un «hostigamiento» de autoridades como el burgomaestre limeño.
«Quiero declarar mi gran alegría por que ayer se declaró en quiebra, después de haber robado todo. Por lo menos hay uno menos. Bien quebrados están. Para mí es un día de fiesta. Vamos sacando la corrupción del Perú. Lárguense a su país», dijo López Aliaga en referencia a Rutas de Lima, a la que denominó «Ratas de Lima».
El alcalde limeño llegó al cargo en 2023 con la promesa de eliminar los peajes en la ciudad, entre ellos los de Rutas de Lima, que Brookfield adquirió a mediados de 2016 a la constructora brasileña Odebrecht, que aparentemente obtuvo la concesión y adendas al contrato original con pagos irregulares a campañas electorales de la izquierdista exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).
