La empresa del fondo canadiense Brookfield anunció que acatará la resolución de inmediato, pero remarcó que con esta decisión el Estado peruano le "despoja del 100% de sus ingresos".
El Poder Judicial ordenó este miércoles a la empresa Rutas de Lima (RDL), del fondo canadiense Brookfield, que suspenda el cobro de peajes en los dos últimos tramos de carreteras del sur de Lima en los que aún operaba, tras haberse declarado en liquidación en medio de un enfrentamiento con las autoridades municipales.
La decisión fue tomada por la magistrada María Cáceres Rivera, del Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Pachacamac, que decidió suspender el cobro de peajes en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra, en la carretera Panamericana Sur.
La jueza declaró fundada en parte una demanda de habeas corpus presentada por la municipalidad del distrito costero de Santa María del Mar por una «vulneración al derecho a la libertad de tránsito».
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La medida señaló que la concesionaria debía cumplirla bajo apercibimiento de recibir una multa.
La posición de Rutas de Lima
Tras conocerse la resolución, RDL anunció en un comunicado que iba a acatarla de inmediato, pero remarcó que con esta decisión el Estado peruano le «despoja del 100% de sus ingresos».
La empresa señaló, al respecto, que se trata de una «nueva medida ilegal, arbitraria, abusiva y en violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano».
Agregó que existe una «campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas».
Anunció, en ese sentido, que se «reserva todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano que han desencadenado la destrucción de su inversión».
Una empresa en liquidación
El fondo canadiense Brookfield informó el pasado 1 de octubre que iniciaba la liquidación de RDL, tras señalar que medidas «arbitrarias y abusivas» del Estado peruano derivaron en la «expropiación» de su inversión y en pérdidas millonarias.
La concesionaria fue adquirida a Odebrecht a mediados de 2016, cuando todavía no se conocía la gigantesca trama de corrupción realizada por la empresa brasileña a cambio de contratos de obra pública en diversos países de Latinoamérica.
El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien renunció al cargo para presentarse a las elecciones presidenciales peruanas de 2026, señaló desde 2023 que iba a eliminar los peajes y exigir la salida de RDL por considerar que en la concesión hubo actos ilícitos.
En medio de esa enfrentamiento, el Tribunal Constitucional suspendió el cobro de peajes en la zona norte de Lima y luego se dio otra sentencia similar sobre el cobro de peajes en la zona sur.
El fondo señala que las autoridades peruanas han mostrado un «repudio expreso de laudos arbitrales internacionales», por un valor de 700 millones de soles (unos 200 millones de dólares), y ha demandado a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir más de 2.700 millones de dólares.
Con información de EFE