En el horizonte del 2026, el Perú se enfrenta a un desafío decisivo: consolidar un modelo de crecimiento que sea no solo robusto, sino resiliente. Aquí un análisis de la situación.
En el horizonte del 2026, el Perú se enfrenta a un desafío decisivo: consolidar un modelo de crecimiento que sea no solo robusto, sino resiliente, por ello, la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 (PNMDH) ha trazado la hoja de ruta estratégica para fortalecer nuestra gobernanza, sin embargo, para que esta visión país se traduzca en desarrollo real, necesitamos un motor táctico eficiente: evolucionar el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA 2.0) con metas claras hacia el 2040.
Desde una perspectiva de gestión moderna, el PNA no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de competitividad. Este plan debe buscar transformar el cumplimiento de estándares internacionales en una ventaja comparativa para el Perú en el mercado global.
El ‘Business Case’ de los DD.HH.
La evidencia es técnica, no ideológica. La inacción frente a las brechas de DDHH es, ante todo, un lastre económico. Según el FMI (2026), la minería ilegal y la informalidad laboral (70%) erosionan hasta un 2% del PBI anual. En contraste, la adopción de estándares ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) genera retornos tangibles para el sector privado:
- Reducción del Riesgo País: Empresas en la BVL con altos puntajes ESG han reducido su costo de deuda en hasta 1.0 punto porcentual.
- Eficiencia Operativa: Un incremento del Retorno sobre Activos (ROA) de 2-3% anual gracias a la reducción de la rotación laboral y la prevención de conflictos.
Del diagnóstico a la acción: el PNA 2.0
El PNA 2021-2025 sentó un precedente con 5 lineamientos, 13 objetivos y 97 acciones y un marco enfoque multiactor. El PNA 2.0 debe evolucionar hacia una fase de ejecución agresiva y con participación ampliada de stakeholders para alcanzar las metas del 2040:
- Seguridad Jurídica y Paz Social: Institucionalizar indicadores OCDE como «días sin conflicto» en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Esto protege la inversión de los USD 1,000 millones que se pierden anualmente por paralizaciones, garantizando reglas de juego claras.
- Incentivos para el Emprendimiento Formal: Integrar DDHH en los incentivos fiscales de Produce para MIPYMES. No se trata de más regulación, sino de facilitar el acceso a capitales frescos para quienes eleven sus estándares: incentivos económicos, fiscales y de mercados.
- Estado Eficaz y Transparente: Crear plataformas digitales de monitoreo ESG ligadas a ProInversión. Esto asegura que el Perú sea visto como un hub de inversión responsable, atrayendo al 80% de inversores globales que hoy exigen trazabilidad total.
En definitiva, el PNA 2.0 es una Política de Estado que brinda estabilidad y que va de la mano con los stakeholders: empresas, sociedad civil y trabajadores, y la PNMDH 2040 es el destino; por lo tanto el PNA es el vehículo para llegar allí mediante la productividad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
Solo con un ecosistema de empresas resilientes y un Estado que garantice la seguridad jurídica, convertiremos los derechos humanos de una obligación en nuestra mayor ventaja competitiva, asegurando un crecimiento inclusivo que respete la libertad y la dignidad de cada persona en el Perú. Es momento de actuar en conjunto.
(*) El autor es Viceministro de Derechos Humanos del Perú.