La Intensidad, duración y desenlace de las protestas determinarán sus efectos de largo plazo, dice Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo.
El 2022 fue un año turbulento para la economía peruana pues, iniciando con buenos vientos en el entorno global y ya con la reapertura de los mercados dada, estos fueron desperdiciados con un importante deterioro de la gestión pública y señales que mantuvieron las expectativas empresariales de la economía en el tramo negativo. Ello evitó un crecimiento de la inversión privada y agudizó la precarización del empleo. Además, la inflación, ya elevada, aumentó considerablemente tras la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando esta ya comenzaba a ceder, un nuevo choque afectó a nuestra economía y a la capacidad de compra de los peruanos: el estallido social.
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Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte han traído consigo costos económicos por varios frentes. El más evidente es la paralización de la actividad económica que afecta con más intensidad a algunos sectores clave para el país, como el turismo, la agricultura y la minería. Ello, a su vez, tuvo un impacto negativo en el abastecimiento y en los precios en los mercados. Por otro lado, se encuentra la afectación de servicios clave como la salud o la capacidad de clorar el agua. Además, también existen costos de largo plazo relacionados con nuestra capacidad productiva y la confianza de los mercados en el país. Tanto la intensidad, la duración y el desenlace de son importantes: ya comenzaron a romperse algunas cadenas de pagos, lo que puede desencadenar un efecto dominó. De momento, se estiman las pérdidas de entre diciembre y enero en más de S/ 2.000 millones.
Los costos están concentrados en el sur de nuestro país, una zona que parece enfrentar una tormenta perfecta que afecta directamente al poder adquisitivo de sus ciudadanos. A la inflación alimentaria sostenida por factores internacionales, como el incremento de precios de insumos clave en hasta tres dígitos, se le sumó un pésimo manejo en la compra de fertilizantes y una sequía hacia el final del año catalogada como una de las más duras en décadas. Con las protestas, el abastecimiento de los mercados se ha visto comprometido y, ante la escasez, los precios han aumentado. Por ejemplo, la falta de soya que ingresa principalmente vía terrestre por Bolivia ya viene afectando la producción y precios del pollo y huevos. Se estima que en Arequipa el precio del pollo ha aumentado casi 20% en mercados minoristas. A nivel nacional, se espera que la inflación de enero se acerque al pico más alto de 2022.
Es importante precisar que la inflación alimentaria, superior a 15% en 2022, afecta en mayor magnitud a las familias con menores ingresos, pues estas destinan un mayor porcentaje de sus gastos (53%) a este rubro. La inseguridad alimentaria y la precarización del empleo ya era un problema crítico antes del inicio de estas protestas. Es altamente improbable que logremos reducir la pobreza monetaria en este 2022, la cual aún se encuentra por encima que antes de la pandemia.
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El largo plazo
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que los efectos sobre los precios y la producción sean temporales, por lo que aún no ha modificado su expectativa de crecimiento para este año. Sin embargo, los golpes a algunos sectores pueden tardar un tiempo en borrar su huella. En el caso de la agroexportación, por ejemplo, se está cediendo mercado a competidores que tomará un tiempo recuperar. El turismo receptivo, por su parte, se planifica con meses de anticipación y se basa en la confianza que brinda un país en torno a la seguridad, la cual de momento está trastocada. Las pérdidas del sector minero traen secuelas importantes sobre los ingresos del Estado, en particular de los gobiernos subnacionales. Muchas micro y pequeñas empresas se ven ya en dificultad de pagar sus deudas y a sus trabajadores. La temporalidad de este choque dependerá realmente del desenlace al que lleguemos: ¿Lograremos encontrar un camino pacificador o entraremos en un equilibrio disruptivo? Elijo creer lo primero.
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Los costos económicos de las protestas no son el tema favorito de conversación al analizar lo que viene ocurriendo. Esto es comprensible en tanto –hay que decirlo con toda claridad- no hay costo más grande ni irreversible que la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, es importante que seamos capaces de ponerlos sobre la mesa, analizarlos y buscar salidas francas antes de que sus efectos –que alcanzan con más intensidad a los que menos tienen– se tornen de largo plazo. Más temprano que tarde, va a ser momento de reconstruir y eso nos involucrará a todos. Hemos demostrado en el pasado que somos capaces de hacerlo.
Sobre la autora:
Paola del Carpio Ponce es coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).
Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Perú.
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