La Contraloría General de la República informó que los recursos públicos perdidos por corrupción ascendieron a S/24.419 millones el año pasado. Esto representa el 13,4$ del presupuesto nacional devengado de 2022.
Los recursos públicos perdidos por la corrupción en Perú durante 2022 se calculan en S/24.419 millones (US$6.653 millones) y podrían haber eliminado la pobreza en el país durante más de 2 años, afirmó este martes la Contraloría General de la República.
El organismo compartió, en una nota de prensa, que el 56 % (S/13.721 millones) del perjuicio económico causado por la corrupción el año pasado se presentó en los Gobiernos regionales y los municipios locales y el otro 44 % (S/10.696 millones) por el Gobierno nacional.
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Las cifras son el resultado de la última Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional, elaborada por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría, que señaló que representan una incidencia del 13,4 % del presupuesto nacional devengado de 2022.
En ese sentido, el contralor Nelson Shack indicó que con esos recursos públicos perdidos «se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas».
La Contraloría indicó que la finalidad de este trabajo es revelar la situación del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional, con el objetivo de que se dé prioridad a los esfuerzos del control, y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a «tomar acción para revertir esta situación».
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En ese sentido, la estimación muestra que el nivel de incidencia de 2022 respecto al 2021 «fue ligeramente menor», al pasar de 13,6 % a 13,4 %, aunque en términos absolutos el perjuicio fue mayor, ya que en 2021 llegó a 24.262 millones de soles.
MAYOR INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN SE PRESENTA EN OBRAS
El trabajo reveló, además, que en 2022 la incidencia del perjuicio económico se presenta, por tipo de gasto, en el sector de Inversión (obras), con 16,8 % (S/7.945 millones), seguida por Bienes y Servicios, con 12,8 % (S/6.523 millones) y Otros, con 11,9 % (S/9.950 millones).
Los departamentos con mayor incidencia en corrupción e inconducta funcional, en una escala de nivel «alto, fueron Moquegua (24 %), La Libertad (20,2 %), Apurímac (18,5 %), Huancavelica (18,2 %), Áncash (17,5 %), Arequipa (17,4 %), Cuzco (16,5 %) y Lambayeque (15,8 %).
El ránking absoluto del perjuicio económico por territorio es encabezado por las regiones de Cusco (S/1.601 millones), Áncash (S/1.381 millones), Piura (S/1.337 millones), La Libertad (S/1.324 millones), Arequipa (S/1.176 millones) y Cajamarca (S/1.042 millones).
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En Lima Metropolitana, que concentra la mayoría de entidades públicas del país, las pérdidas llegaron a S/7.648 millones.
Entre las organismos en los primeros lugares del ránking por corrupción e inconducta funcional se mencionó al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Programa Nacional de Inversiones en Salud y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.
Además, a la Corte Superior de Justicia de Lima, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Instituto Nacional Penitenciario, la Gerencia General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
La Contraloría anotó que en 2022 concluyó 42.734 informes de control y alertó con el mecanismo de «control simultáneo» sobre 42.553 situaciones adversas, aunque el 46 % de ellas no han sido corregidas hasta el momento y el 24 % «no presentan acción alguna».
Como resultado del control posterior, se identificó a 8.730 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil, administrativa y con procedimiento sancionador (PAS).
EFE
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