Las economías ilegales en el Perú movilizan un monto que equivale entre el 3% y 4% del PBI

Las economías ilegales equivalen a entre el 3% y 4% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, según el informe “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacifico.

La presentación del informe se da en un contexto de creciente inseguridad y percepción de falta de confianza en las instituciones, el impacto de las economías ilegales en Perú alcanza niveles alarmantes. Según el Índice Global de Crimen Organizado, nuestro país ocupa el sexto lugar entre los países de Sudamérica con mayor criminalidad, el décimo en América Latina y el Caribe, y el puesto 32 a nivel mundial. Además, de los 15 mercados criminales existentes, Perú presenta un mayor desarrollo en 10 de ellos en comparación con el resto de Sudamérica.

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“Nuestro país muestra indicadores de criminalidad por encima del promedio y una menor resiliencia. La criminalidad se mide bajo dos dimensiones: los mercados criminales y el rol de los actores criminales, calificación en la que destacamos negativamente debido a los grupos mafiosos que operan en estas economías ilegales, las redes criminales establecidas y los actores vinculados al Estado o integrados en él”, comentó Gisella Aragón, Jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la UP.

Así, en la dimensión económica, las tres actividades que mueven la mayor cantidad de dinero son la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico. Aragón señaló en específico que “el esfuerzo por cuantificar las economías ilegales es arduo y complejo. Las organizaciones criminales se esfuerzan por diversificar y combinar sus actividades; por ejemplo, la trata de personas es una actividad que se vincula con otras economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala”.

Además de sus impactos económicos, el informe señala que estas actividades ilegales generan consecuencias ambientales, sociales e institucionales. Siguiendo con el ejemplo de la minería ilegal, la especialista destacó que esta provoca daños en la biodiversidad, los ríos, y en las comunidades de pueblos originarios que subsisten sobre la base del patrimonio natural de esas zonas.

Para finalizar, el informe aborda indicadores sobre los recursos destinados a combatir la inseguridad. Según Aragón, las condiciones de infraestructura y equipamiento de las unidades policiales y los recursos de los que dispone el ministerio público y otros actores vinculados al combate de las economías ilegales son insuficientes. Ante ello, añade, se requiere un cambio drástico para que podamos esperar resultados exitosos o efectivos en el combate de las economías ilegales.

La presentación del informe se realizó en el marco de la novena edición del “Día de la Gestión Pública 2024”, evento organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Este año, el tema abordado fue “Economías ilegales: del problema a la política pública”.

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