El monto de estos envíos alcanzaría el mismo valor que las ventas al exterior de oro legal, según la investigación del IPE. Además, el estudio revela que, al 2025, se registran en promedio 82 nuevas empresas procesadoras y 58 comercializadoras al mes. Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, explica cómo se llegó a la estimación y describe los factores que dinamizan este negocio en la sombra.
Este año, las exportaciones de oro ilegal de Perú alcanzarán los 12.000 millones de dólares, lo que equivale al 50% el mismo valor al que llegarán los despachos al exterior de oro legal producido en el país. La estimación la compartió Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE) durante un seminario para periodistas en Cusco.
De acuerdo con el economista, en la cadena productiva del oro ilegal existen diversos eslabones –como procesadoras y comercializadoras de oro- que crecen a la par y nuevos compradores del metal. Forbes Perú entrevistó a Valencia al respecto.
¿En qué basan esta estimación? ¿A cuántas onzas equivalen esos US$12.000 millones?
Es una estimación pragmática sobre la base de las diferencias entre la producción de oro registrada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las exportaciones de oro registradas por Sunat. Se observa que las exportaciones son superiores al valor que correspondería según la producción y se asume que esa diferencia tendría su origen en la extracción ilegal de oro. Para el 2024, se estimó que esta diferencia implícita equivalió a 96 mil toneladas de oro ilegal exportado (cerca de 3,1 millones de onzas troy). Para el 2025, se asume de manera conservadora que este volumen aumentaría entre 10% y 20%, en función al promedio de crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años.
Cabe mencionar que este volumen no considera las salidas de oro no registradas por Sunat, que saldrían por contrabando por las fronteras con países vecinos. De esta manera, el estimado del IPE es inclusive conservador respecto al valor real de esta actividad ilícita.
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En su presentación, señaló como un indicador del crecimiento de la minería ilegal del oro en Perú al sector de procesadoras y comercializadoras de oro. ¿Qué rol tienen en la cadena productiva del oro ilegal?
El oro ilegal extraído necesita ser procesado para lograr un concentrado de oro exportable. Luego, este concentrado es exportado o vendido bajo el amparo de una empresa comercializadora. Además, ambos procesos hacen más difícil rastrear el origen del oro extraído. En la última década, se ha triplicado el número de empresas procesadoras y comercializadoras que se crean cada mes. [De hecho], al 2025, se registran [en promedio] al mes 82 nuevas empresas procesadoras y 58 comercializadoras. Esta expansión ha facilitado el llamado ‘blanqueo’ del oro ilegal.
Además, sostuvo que a nivel regulatorio el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) posibilita la existencia del mercado ilegal del oro. ¿De qué manera lo permite?
Para que el oro extraído ilegalmente pueda ser transportado y vendido a las empresas procesadoras requiere de un registro que lo habilite y lo resguarde de la fiscalización de las autoridades. Los mineros ilegales utilizan la inscripción en el Reinfo para evadir la fiscalización, ya sea mediante la inscripción propia o el alquiler de la inscripción a otros mineros registrados en el Reinfo, muchas veces bajo coerción. De esta manera, el Reinfo no solo ha perdido fuerza como instrumento de formalización, sino que la minería ilegal lo aprovecha activamente para evadir la ley.
También habló sobre el rol de los compradores en este mercado ilegal. ¿Qué mercados compran el oro de Perú? ¿Cómo se puede determinar o rastrear a qué mercados llega el oro ilegal?
Desde hace décadas, existe un esfuerzo multinacional por trazar el origen de las exportaciones de oro, con el objetivo de combatir la extracción ilegal. En función de ello, las aduanas de los países compradores han ido implementando protocolos y estándares para la verificación del origen del mineral. En lo que respecta al Perú, en 2014, cerca del 80% del oro peruano exportado tenía como destino Suiza (46%) o Canadá (32%), países con estándares altos para la verificación del oro. Sin embargo, la participación de estos destinos se ha reducido en estos diez años: al 2024, representan el 44% del total de exportaciones de oro. Por el contrario, se han incrementado las exportaciones a países con estándares más bajos de verificación como India (33%) y Emiratos Árabes Unidos (15%), que ya suman casi la mitad del valor exportado. Ello sugiere que el oro ilegal tendría como destino estos mercados con menores exigencias.
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A nivel internacional, ¿qué sostiene la demanda de oro y de oro ilegal?
El incremento del precio del oro a nivel internacional ha incentivado su extracción ilegal, incluso por sobre otras economías ilegales, como el narcotráfico. Pero más allá de este incentivo, la minería ilegal se sostiene por su profundo vínculo con el crimen organizado transnacional y las redes que permiten la trata de personas, el contrabando y la extorsión. Estas redes, que funcionan a lo largo del continente, también facilitan la entrada de elementos prohibidos, como mercurio y explosivos no regulados, que son utilizados para la extracción ilegal de oro y que son altamente contaminantes. Con ello, enfrentar la minería ilegal requiere de un esfuerzo conjunto entre los países de la región.
Finalmente, a nivel social, encontraron evidencia que el mercado ilegal del oro reproduce esquemas de violencia social y riqueza en zonas aisladas. ¿Podría comentarnos un poco más sobre estos hallazgos?
Se encuentra una marcada asociación entre las áreas de mayor extracción ilegal y el incremento de la violencia y la inseguridad. En estas localidades, bandas armadas vinculadas a la minería ilegal ejercen control territorial a través de extorsiones, robo de mineral y secuestros. Así, entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se duplicó en regiones con alta presencia de minería ilegal, como La Libertad, Madre de Dios y Arequipa. Además, entre los distritos con mayores tasas de homicidios del país en el último año se encuentran focos de minería ilegal como Pataz, en La Libertad (92 homicidios por cada 100 mil habitantes), o Ananea, en Puno (75 homicidios por cada 100 mil habitantes), muy por encima del promedio nacional (tasa de 9.3).
Más aún, en los focos de minería señalados se evidencia un crecimiento poblacional atípico, contrario a la urbanización del país. Según estudios de la Universidad de Chicago calculados mediante imágenes satelitales y emisiones de dióxido de carbono, las zonas con fuerte presencia de minería ilegal, como Madre de Dios, la frontera de Loreto con Ecuador y la sierra de Piura, registran elevados niveles de ingreso por habitante, pese a encontrarse en zonas geográficas con un bajo relativo desarrollo multidimensional.
