El Índice de Barreras Burocráticas 2025, presentado por la Asociación de Contribuyentes del Perú junto con Adam Smith Center for Economic Freedom, indica que abrir y operar una pequeña y mediana empresa (Pyme) puede tomar más de 6.000 horas.
Abrir una empresa que busca ser mediana en el Perú requiere, en promedio, 3.331 horas de trámites administrativos, equivalentes a 139 días calendario. Así lo determinó el Índice de Barreras Burocráticas 2025, que presentó la Asociación de Contribuyentes del Perú junto con Adam Smith Center for Economic Freedom y la Cámara de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Venezolanos en el Extranjero – CAVEX.
En su edición 2025, el índice se enfoca en la mediana empresa y amplió su alcance a 21 países: 16 latinoamericanos, dos de la Commonwealth del Caribe y tres europeos. Esto son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
Mira también: Casi la mitad de empresas en Perú espera que su flota vehicular crezca en los próximos tres años
Así, las medianas empresas en Perú dedican en promedio 3.471 horas al año a atender trámites de funcionamiento, lo que equivale a aproximadamente 145 días calendario. Es decir, abrir y operar una pequeña y mediana empresa (Pyme) puede tomar más de 6.000 horas.
Trámites de apertura y funcionamiento
El Perú, además, está en la cuarta peor posición entre los 21 países analizados en cuanto a trámites de apertura. Según el estudio, a ello se suma una estructura tributaria que penaliza el crecimiento, haciendo más rentable permanecer como pequeña empresa que escalar a la categoría mediana. Esto, agrega, genera una economía atomizada, perpetúa la informalidad y frena la productividad.
«La demora en la gestión de requisitos administrativos para iniciar operaciones genera costos de entrada desproporcionados para el tamaño promedio de las empresas peruanas. Esta situación evidencia la urgencia de una reforma del proceso de apertura empresarial, orientada a la simplificación normativa y a la eficiencia del Estado», detalla el estudio.
En cuanto a trámites de funcionamiento, el estudio ubica al Perú como el tercer peor país de todos los analizados (21). Esta carga administrativa representa un serio obstáculo para la productividad y sostenibilidad del negocio, especialmente en sectores donde los recursos humanos y financieros son limitados. Pese a contar con plataformas digitales en muchas entidades, las empresas deben cumplir con trámites cuyos requisitos son poco claros, tediosos y lentos, lo que incrementa la dependencia de intermediarios y eleva los costos, relata el informe.
«En un contexto donde la eficiencia estatal y la calidad regulatoria se han convertido en pilares cruciales para la competitividad de las naciones, este estudio ofrece un análisis empírico de altísimo valor. La investigación no solo mide las cargas burocráticas que enfrentan las empresas al momento de abrir y operar formalmente, sino que cuantifica sus costos económicos, su impacto en la productividad nacional y su efecto disuasorio sobre la inversión y la formalización”, indica Carlos Diaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, institución que lidera y auspicia el estudio en 21 países hispanoamericanos.
En tanto, Camila Costa, investigadora principal de Asociación de Contribuyentes del Perú, afirmó que “en el 2026 necesitamos con urgencia un nuevo gobierno que reduzca burocracia, planilla estatal y realice una verdadera reforma radical de la estructura estatal, si no, nos quedaremos definitivamente estancados en la carrera global por la competitividad y la productividad”.