El fenómeno de El Niño impactará en rubros clave como el agropecuario, la pesca y el transporte. ante esta coyuntura, las empresas deben priorizar la prevención y la continuidad de sus operaciones, recomiendan los expertos.
Desde hace años, el clima ya es un elemento presente en las estrategias de las compañías peruanas. Sin embargo, en lo que resta de 2026 y la primera mitad de 2027 cobrará especial importancia por uno de los eventos más relevantes de las últimas décadas: el fenómeno de El Niño (FEN).
Aunque esta alteración climática se ha dado en años recientes, los pronósticos más actualizados advirtieron un impacto especialmente duro en Perú. De hecho, el país se verá afectado por dos tipos de FEN: El Niño global (el calentamiento del agua en la parte central del océano Pacífico) y El Niño costero (el que se produce en la costa norte peruana). Ambos eventos, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), ya están coincidiendo. Además, el Enfen espera que el primero de estos tenga una intensidad fuerte y el segundo, extraordinaria.
La combinación de estos dos fenómenos generará una mayor intensidad de lluvias, huaicos y afectación en las cosechas, entre otras consecuencias. Ello, a su vez, tendrá un fuerte impacto en la economía. Según Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), un evento climático extremo puede paralizar la producción, el transporte y las cadenas de abastecimiento, elevar los costos logísticos y afectar los ingresos y el empleo de las empresas y familias. «Asimismo, la interrupción de la actividad podría deteriorar la capacidad de pago de empresas y hogares, elevando los riesgos sobre la cartera crediticia del sistema financiero», dice Chávez.
Ya hay algunos pronósticos que vislumbran la magnitud y la severidad de los efectos de estos fenómenos. El holding financiero Credicorp ha estimado que ambos eventos climáticos (el global y el costero) generarían pérdidas por S/ 16.000 millones este año y el próximo.
De acuerdo con María Alejandra Ormeño, gerenta de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), en julio, cuando el escenario más probable era un FEN costero fuerte, en el think tank se calculaba un impacto de alrededor de 0,7 puntos porcentuales sobre el crecimiento del PBI del 2026 y de 0,8 puntos en 2027. Ahora, dice Ormeño, ante la probabilidad de condiciones cálidas extraordinarias, el efecto podría acercarse a un punto porcentual en cada año e incluso ser mayor, dependiendo de la persistencia e intensidad del fenómeno. Por lo pronto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su proyección de crecimiento de la economía peruana de 3,4% a 3,2% para 2026 ante un FEN costero extraordinario.
RUBROS AFECTADOS
Más allá de las cifras, ya se ha identificado los rubros más sensibles ante el FEN. Los expertos coinciden en que los sectores más golpeados serían el agropecuario, la pesca, la manufactura primaria, el comercio y el transporte. «Las mypes enfrentarían una mayor vulnerabilidad debido a su menor capacidad financiera para absorber paralizaciones prolongadas», agrega Chávez, de la CCL.
El efecto en la actividad agrícola es algo que preocupa mucho, ya que, además de ser clave para la alimentación de la ciudadanía, es importante para la generación de empleos (especialmente entre las agroexportadoras).
Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, sostiene que todavía es difícil asignar una cifra al impacto económico que podría generar el FEN sobre esta actividad, porque dependerá de su intensidad, duración y de las zonas productivas que resulten más afectadas.
En 2023, recuerda Zacnich, un año marcado por eventos climáticos adversos, el sector agropecuario se contrajo 2,9% y la producción agrícola cayó 4,1%. Ese escenario también afectó cultivos importantes de nuestra canasta agroexportadora. En el caso de los arándanos, por ejemplo, resalta que el volumen exportado durante 2023 cayó más de 20%, aunque el alza de los precios internacionales amortiguó el golpe en el valor de los envíos.

De acuerdo con el IPE, las altas temperaturas pueden afectar la floración y los rendimientos de cultivos como el mango, la uva y el arándano, mientras que las lluvias aumentan el riesgo de inundaciones y de daños a la infraestructura de riego y transporte. El impacto tampoco se limita a la producción: según el INEI, durante el primer semestre del año el empleo en las actividades primarias se redujo en casi 100.000 puestos.
«El riesgo no debe medirse únicamente por el valor de las exportaciones. Un evento de gran intensidad puede afectar rendimientos, calidad y volúmenes de producción, generar pérdidas de empleo y elevar costos; pero también interrumpir carreteras, sistemas de riego y otra infraestructura indispensable para llevar nuestros productos a los mercados internacionales», asegura el gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.
Otro rubro que preocupa bastante es la pesca. En la primera temporada de anchoveta de la zona norte-centro apenas se capturó el 25% de la cuota, dice Ormeño, cuando normalmente se completa casi en su totalidad. Asociado a ello, sostiene la economista, la producción manufacturera de harina y aceite de pescado se redujo en casi 40% durante los primeros siete meses del año.
«Estas cifras podrían agravarse hacia fin de año. El BCRP estima que la pesca tendría una caída anual de 30,7% en 2026, escenario en el que las condiciones climáticas afectarían la segunda temporada de anchoveta, con una cuota muy reducida o incluso casi nula», comenta Ormeño.
Los especialistas señalan que, fuera del efecto que pueda tener el FEN en la actividad empresarial y económica, también es importante considerar que esto afectará severamente a las familias. «Estas pueden sufrir daños en sus viviendas e, incluso, pérdidas importantes ante inundaciones, desbordes de ríos, huaicos u otros eventos asociados. Por ello, el impacto económico tiene tanto un componente empresarial como uno directamente relacionado con los hogares», menciona Juan Carlos Odar, jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).
Chávez, por su lado, señala que las regiones con mayor exposición potencial al FEN son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica y Cajamarca. «En conjunto, generan alrededor del 23,7% del PBI nacional, concentran el 33,3% del PBI agropecuario, el 60,7% del PBI pesquero, el 25,7% del PBI manufacturero, el 21% del comercio y el 22,9% del transporte. En estas mismas regiones residen más de 2,3 millones de personas», sostiene el experto de la CCL.
| «Las medidas que adopten las empresas deberían apuntar a anticipar los potenciales impactos [del FEN] y preservar la continuidad de las operaciones y la cadena de pagos.» — MARÍA ALEJANDRA ORMEÑO, Gerenta de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía |
MITIGACIÓN PRIVADA
Hay algunas medidas que las empresas pueden adoptar para mitigar el impacto del FEN. Para el IPE, lo prioritario es que no se detengan las operaciones. De hecho, según la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, el 77% de las empresas del norte del país prevé reforzar sus instalaciones; el 66%, implementar planes de continuidad operativa; y el 50%, contar con rutas logísticas alternativas.
«También será clave asegurar liquidez durante la emergencia, mediante líneas contingentes, seguros y otras coberturas. Según el BCRP, durante el FEN de 2023 el crecimiento del crédito a las micro y pequeñas empresas se desaceleró en 7,9 puntos porcentuales, lo que puede restringir la continuidad de sus cadenas de pagos», dice Ormeño.
La economista destaca que la prevención es, por tanto, fundamental. «Las medidas que adopten las empresas deberían apuntar a anticipar los potenciales impactos y preservar la continuidad de las operaciones y de la cadena de pagos», comenta.
En esa misma línea está Odar, de la Universidad del Pacífico. No obstante, el investigador dice que la prevención no debe limitarse únicamente a la infraestructura. También existen herramientas financieras que pueden ayudar a las empresas a reducir su exposición frente a eventos adversos.
«Un ejemplo son los seguros, especialmente relevantes para pequeñas empresas, bodegas o microempresas, que podrían enfrentar daños en sus locales, pérdidas de mercadería o periodos en los que se vean obligadas a suspender sus operaciones. Coberturas como las asociadas al lucro cesante pueden ayudar a mitigar parte de esas pérdidas», propone el jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Escuela de Gestión Pública de la UP.
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Para Óscar Chávez, de la CCL, la preparación empresarial debe concebirse como una estrategia integral de gestión del riesgo y no únicamente como una respuesta de emergencia. «Cada empresa debería elaborar un plan de continuidad del negocio que identifique procesos críticos, responsables, protocolos de actuación y proveedores alternativos, con el fin de mantener las operaciones aun cuando se produzcan inundaciones, interrupciones de carreteras o fallas en los servicios básicos», afirma.
En materia operativa, también resulta recomendable -para el experto- proteger la mercadería mediante estanterías elevadas, revisar techos y drenajes, asegurar maquinaria y equipos, mantener inventarios mínimos de seguridad y diversificar proveedores y rutas logísticas. «Estas acciones reducen la probabilidad de paralización y desabastecimiento», agrega Chávez.
La tecnología puede ser una gran aliada ante esta coyuntura. De hecho, para el jefe del IEDEP de la CCL, el uso de comercio electrónico, WhatsApp, billeteras digitales, delivery, facturación electrónica y almacenamiento de información en la nube permite mantener la relación con los clientes aun cuando los establecimientos físicos deban cerrar temporalmente.
ACCIONES ESTATALES
En el ámbito público, si bien el tiempo es limitado, aún pueden llevarse a cabo acciones para proteger a los ciudadanos y la economía. Por ejemplo, Odar señala que el Estado cumple un papel fundamental en la pronta reposición de la infraestructura pública que resulte dañada, como carreteras, puentes u otros activos esenciales para la producción. «Mientras más rápida sea esa recuperación, menores serán las interrupciones en el transporte, el comercio y las cadenas productivas, lo que contribuirá también a una recuperación más rápida de la actividad económica y a reducir el impacto total del fenómeno», dice el vocero de la UP.
En el IPE destacan que no se trata solo de que el Estado destine recursos para las zonas afectadas y que las entidades que pueden hacer obras ayuden a prevenir o mitigar el impacto del FEN. Desde el think tank consideran que debe impulsarse la ejecución de los proyectos.
Por su lado, la CCL plantea aprobar un decreto de urgencia de reactivación financiera para las mypes y empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia, que contemple líneas de garantía y mecanismos de reprogramación de deudas. Estas medidas, dice el gremio, permitirían facilitar el acceso al financiamiento y dar mayor margen de liquidez a las empresas afectadas para mantener sus operaciones y obligaciones durante ese periodo.
«A ello se suma la necesidad de evitar que las obligaciones tributarias profundicen las restricciones de liquidez. En ese sentido, la CCL propone establecer facilidades tributarias extraordinarias para los contribuyentes de los distritos declarados en emergencia, incluyendo el aplazamiento del IGV y del Impuesto a la Renta, fraccionamientos especiales y la suspensión de intereses moratorios. El objetivo sería que las empresas puedan priorizar temporalmente los recursos disponibles en la continuidad de sus operaciones, el pago de trabajadores y la reposición de inventarios, mientras se normaliza la actividad económica», resalta Chávez.
