Estos son los retos de la adaptación climática en el Perú

Los últimos acontecimientos meteorológicos nos recuerdan el panorama retador que vivimos día a día los peruanos. El ciclón Yaku y el Niño Costero trajeron consigo intensas lluvias, inundaciones y huaicos que, a su vez, impactaron en la capacidad de desarrollo de miles de peruanos. Esto se dio a nivel de infraestructura y seguridad, pero también en empleos, sistemas alimentarios y educación oportuna. Para la quincena de abril, según un reporte del Indeci, las intensas lluvias e inundaciones afectaron directamente a más de 11.900 viviendas (alrededor de 460.000 personas), la mayoría en las regiones de Lambayeque, Piura y Lima.

Estos sucesos meteorológicos, si bien responden a nuestra diversidad geográfica, también se ven agravados por el calentamiento global, según indica el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su último ciclo de informes. El Perú es un país “particularmente vulnerable” ante los efectos adversos del cambio climático. Ello afecta no solo la periodicidad e intensidad de lluvias, inundaciones, sequías y huaicos, sino también agudiza brechas sociales existentes. Por ejemplo, según el INEI, en el segundo trimestre del 2022, cerca de 4,1 millones de personas trabajaban en el sector agrícola, una actividad que depende directamente del clima, por lo que la variabilidad climática y los desastres naturales comprometen directamente ejes de ese rubro, como la producción de alimentos y el empleo. 

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Desafíos internos

El ritmo acelerado con el que avanzan las consecuencias del cambio climático y el alto costo que implica su remediación enfatizan la importancia de desarrollar nuestra capacidad de adaptación, a la cual también se le llama capacidad de resiliencia climática. Esto permite reducir la vulnerabilidad de comunidades y a minimizar los daños que puedan causar eventos climáticos extremos. Como país tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con base científica y que contó con la participación de todos los actores de la sociedad. Este plan, tal como lo explicó el entonces ministro de Ambiente, Gabriel Quijandría, ayudaría a reducir y evitar daños, pérdidas y alteraciones consecuencia del cambio climático y nos llevará a un 2050 más sostenible y resiliente.

Sin embargo, existen retos adicionales que complejizan los esfuerzos en esta línea, como nuestra débil institucionalidad actual. Esta se materializa en altos niveles de corrupción, inestabilidad  política, jurídica y económica. Pero también se refleja en la falta de capacidad de gestión, que pone en jaque la puesta en marcha de políticas y proyectos públicos -y también esfuerzos articulados que quiera impulsar el sector privado- que nos hagan más resilientes ante el cambio climático. Un ejemplo reciente en el marco de las intensas lluvias en el norte es la falta de ejecución presupuestal para atender desastres. A pesar de que cada región cuenta con un presupuesto asignado para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, este no se ejecuta en su totalidad y se ha ido reduciendo en los últimos años. Piura, por ejemplo, tuvo un presupuesto asignado de casi S/260 millones para atender el fenómeno del Niño en 2017; sin embargo, solo se llegó a ejecutar el 27%. 

En este sentido, debemos tomar en cuenta una arista adicional: las brechas de desarrollo históricas con las que aún estamos en deuda. El estudio “Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú: Informe Nacional 2022”, elaborado por el INEI y la Universidad del Pacífico, revela que, si bien la costa peruana es la que está más avanzada en brindar acceso a servicios básicos como electrificación, abastecimiento de agua, desagüe y recolección de basura, existe un 20% de la población en las regiones norteñas afectadas que no cuentan con estos servicios en sus hogares. El caso más preocupante, coincidentemente, es Piura, con 36% de su población desatendida. Esto evidencia que, adicionalmente a estas desventajas preexistentes para prosperar, se pueden sumar eventos climáticos extremos que incrementan exponencialmente el nivel de vulnerabilidad de las poblaciones.

Este panorama nos debe preocupar, pero experiencias pasadas nos han demostrado que la unión hace la fuerza, por lo que no solo el Estado debe activarse en traer soluciones e impulsar progreso ante estos retos sistémicos, sino que también es clave que el sector privado se involucre.

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Impulso privado

Debemos partir por reforzar que las empresas son parte de un sistema amplio, que va más allá de sus operaciones directas y que están interconectadas con el entorno y la sociedad en la que operan. En ese sentido, es vital integrar acciones de adaptación y lucha contra la crisis climática desde un enfoque de gestión de riesgos que reduzca su vulnerabilidad en primera instancia. No solo por lo que esto supone para sus operaciones, sino por lo que implica para los sistemas que funcionan alrededor de la actividad privada: generación de empleo, activación de cadenas de suministro y comercio, satisfacción de necesidades. 

El Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial ya identifica en su último reporte la falta de acciones para la adaptación al cambio climático, pérdida de diversidad y colapso de ecosistemas como los mayores riesgos que se enfrenta el mundo en los próximos 10 años. En este sentido, identificar y gestionar los riesgos relacionados a factores medioambientales, sociales y de gobierno (ASG) ayudará a las organizaciones a mejorar la toma de decisiones con el fin de implementar acciones que aporten a la sostenibilidad del negocio. 

Asimismo, el impacto positivo del sector privado puede extenderse más allá de sus operaciones directas y aportar con soluciones a los retos nacionales. Existen diferentes proyectos y programas de adaptación climática alineados a las necesidades y características de cada región donde las empresas pueden marcar la diferencia. Por otro lado, es importante potenciar las sinergias público-privadas. Un mecanismo valioso es el de Obras por Impuestos (OxI). Desde su creación, diferentes empresas han invertido S/. 1.730,5 millones de soles en proyectos de infraestructura y otros S/. 675,2 millones a proyectos de agua y saneamiento. 

Mirando hacia adelante, es importante tender esos puentes donde el sector privado puede potenciar el desarrollo sostenible del país. Desde iniciativas que aportan directamente en el proceso de adaptación climática, como también en el fortalecimiento de la institucionalidad y reducción de brechas sociales. Lo que ocurrió en el norte debe ser un recordatorio para activarnos a conciencia. Debemos impulsar esfuerzos pensando en el largo plazo para, no solo fortalecer nuestra resiliencia como país ante desastres naturales, sino también para prevenir o reducir nuestros riesgos frente a diferentes crisis y retos del futuro. Debemos apuntar a que en 5 años -o menos- estas situaciones no nos tomen por sorpresa, sino que nos lleguen estando preparados y fortalecidos para enfrentarlas.

SOBRE LA AUTORA

Micaela Rizo Patrón es gerenta general de Perú Sostenible

Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Perú.

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