Apostar por el desarrollo sostenible implica tener una mirada de largo plazo y fortalecer la colaboración de los sectores público y privado, recomienda Micaela Rizo Patrón, gerenta general de Perú Sostenible.
En julio pasado celebramos, nuevamente, nuestras fiestas patrias. Ha sido un año más para reflexionar sobre cómo avanza el Perú. ¿Qué podemos esperar del país de cara al 2025? Ese fue el énfasis principal del mensaje de nuestras autoridades políticas.
Más allá de las diferentes propuestas de solución que se mencionaron, no cabe duda que todavía tenemos grandes desafíos inmediatos que atender. Retos como la pobreza, la cual se incrementó y ahora alcanza al 29% de la población peruana, con una pérdida de 10 años de avance. O el asociado a la protección de la Amazonía, que, en los últimos 20 años, perdió más de 4 millones de hectáreas de bosques, un área mayor a la superficie de toda la región de Lima. Y, si hablamos de las instituciones del Estado, sólo el 21% de los peruanos confía en ellas, según los resultados de LAPOP Lab, Barómetro de las Américas 2023. Todos son retos complejos, pero que son puntos de partida básicos para hablar de sostenibilidad.
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En la ruta al desarrollo sostenible, uno de los principales desafíos que tenemos que superar es migrar de una visión de corto plazo a una de largo plazo, que nos permita ir más allá de responder a crisis estructurales para realmente planificar un desarrollo con metas medibles de manera más estratégica.
En esa línea, uno de los aportes que sí fue brevemente mencionado en el mensaje a la nación de este año, y que es importante resaltar y conocer, es el Acuerdo Nacional, un pacto construido en base al consenso entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. Su objetivo es construir una ruta clara sobre la visión qué queremos para el país en términos de desarrollo sostenible.
Desde el Acuerdo Nacional se plantea la Visión Perú 2050, la cual propone el futuro al que debemos apuntar para nuestro país al 2050. Esta es la base, con 5 ejes definidos, para orientar y definir políticas y planes que nos guíen hacia un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional.
Un primer eje se enfoca en que las personas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Así, se tiene como meta erradicar la pobreza extrema y reducir significativamente todas las formas de discriminación. De otro lado, el segundo eje implica gestionar sosteniblemente la naturaleza y hacer frente al cambio climático, promoviendo el cuidado de los ecosistemas y recursos naturales, siendo resilientes ante los desastres naturales.
El tercer eje propone un desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza, en el que se promueva el crecimiento económico y la competitividad, con diversificación productiva, un mayor formalización, innovación e inversión privada. Un cuarto eje plantea vivir en una sociedad democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos, libre del temor y violencia, asegurando el acceso a la justicia y seguridad ciudadana. Finalmente, el quinto eje expresa la necesidad de alcanzar un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás, con una gestión ética y servicios públicos adecuados.
¿Qué hacer para llevarla a la acción y que esta visión no quede solo en papel?
Claramente, para avanzar en esta dirección, es clave el trabajo articulado entre los sectores público y privado. Me atrevo a soñar con que podamos trabajar en equipo y potenciar el rol de cada actor. Al respecto, un reto urgente y difícil, es la lucha contra la corrupción a todo nivel, que conecta también con la necesidad de regenerar la confianza entre el Estado y el empresariado. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. El trabajo en conjunto de ambos actores es determinante en el avance del país, especialmente si nos centramos en la mejora de la competitividad como uno de los ejes que mayor impacto genera para engranar y generar inercia para avanzar hacia el logro de diferentes objetivos. Es aquí donde el sector empresarial suma sustancialmente al desarrollo del Perú.
En la visión del Perú que queremos para el año 2050, respecto a competitividad, se ha trazado como meta elevar nuestros niveles de productividad, con un aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología, y la transformación digital del país. Apuntamos a una economía con mayor formalidad, con sectores productivos diversificados, generación de valor agregado e innovación tecnológica, dentro de un marco de bajas emisiones de carbono. En ese sentido, la creatividad y el emprendimiento peruano de las más de 6 millones de empresas micro, pequeñas y medianas debe jugar también un rol importante en cómo avanzamos como país. Para ello es necesario incrementar el acceso a servicios financieros.
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De hecho, son las empresas quienes tienen la primera responsabilidad de que esos empleos sean de calidad. El privado llega con innovación, tecnología, conocimientos y herramientas. No solo gestiona los impactos generados por su actividad, sino también aquellos riesgos a los que pueden enfrentarse. Así, con la adopción de prácticas sostenibles, las empresas tienden a ser más resilientes, innovadoras y atractivas para los inversores y consumidores, un escenario en el que todos ganamos. Todo ello vuelve a las empresas un motor de la economía, que a su vez suman como agentes de cambio que pueden contribuir significativamente a la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente en un tiempo oportuno.
¿Qué hace falta para aprovechar al máximo todo lo que el sector empresarial tiene para aportar?
Necesitamos más coordinación y colaboración. Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la incorporación de un enfoque sostenible en su estrategia, que implica una mayor interconexión con el entorno en el que operan. En esa línea, cada vez vemos más iniciativas multiactor y alianzas para impulsar diferentes soluciones y proyectos de desarrollo. Es necesario identificar con claridad cuáles son esos problemas en común que afrontan los actores, sean estos el Estado, empresas, ONG, entre otros, para crear una base sólida para la cooperación con soluciones eficientes. Así se genera confianza y se abren espacios de diálogo constructivos. La creación de comités intersectoriales y grupos de trabajo específicos es también una estrategia efectiva, que propicia una colaboración más enfocada y especializada, abordando los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria. En ese contexto, debemos mantener el norte hacia el desarrollo sostenible y asegurar que, con cada acción, avancemos en la dirección correcta.
Estos avances deben ser medibles. Por ello, es importante contar con datos confiables, basados en la transparencia. Y, como siempre, es vital tener el diálogo como base para construir juntos el país que queremos, un mejor Perú para todos, sin dejar a nadie atrás.
Para cerrar los invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué Perú queremos para las próximas generaciones? ¿Qué estamos haciendo para conseguir ese país de la visión 2050? Por mi parte, me llena de orgullo ser peruana y soy optimista de que tenemos todo el potencial, la resiliencia y la fuerza para salir adelante y avanzar en la ruta del desarrollo sostenible. Nos toca a todos seguir sumando esfuerzos juntos para lograrlo. ¡Con todo Perú!
Sobre la autora:
Micaela Rizo Patrón es gerenta general de Perú Sostenible.
Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Perú.
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