¿Qué políticas se requieren para enfrentar a la minería ilegal y promover la pequeña minería?

Perú enfrenta uno de sus desafíos más complejos y urgentes de los últimos años: la expansión de la minería ilegal. Esta actividad —fuera de todo marco legal, de respeto ambiental, de seguridad y salud de los trabajadores y contraviniendo derechos humanos— no solo destruye ecosistemas frágiles y contamina nuestros ríos, sino también alimenta redes criminales, fomenta la violencia y debilita las instituciones
del Estado.

Esta economía ilícita no solo se realiza en zonas prohibidas para la actividad minera, también se camufla en un sistema de formalización a todas luces fallido. De hecho, solo existe un 2,5% de formalizados, pero aun así este sistema fue ampliado cuatro veces. Ello pone en grave riesgo a los mineros artesanales y pequeños mineros (MAPE), comunidades indígenas y campesinas, quienes son los más vulnerables.
De otro lado, es indispensable un trabajo real para promover el desarrollo formal de la MAPE con reglas claras y preventivas a cualquier impacto que, a su vez, puedan ser acompañadas oportunamente por el Estado y fiscalizadas, como cualquier actividad económica riesgosa, por entidades capacitadas y técnicas.
Resulta urgente que el país cuente con una ley MAPE que sea técnicamente sólida, coherente con el marco constitucional y enfocada en promover una actividad formal. Esta ley debe establecer con claridad los derechos y obligaciones de todos los actores involucrados, garantizar trazabilidad en la cadena productiva y de los insumos que se utilizan en la actividad minera, así como evitar la proliferación de regímenes paralelos que perpetúen la impunidad o afecten derechos de terceros. No nos olvidemos que, para establecer un marco normativo que funcione, este se debe basar en evidencia y en entender completamente la problemática y no basarse en narrativas que busquen mantener el estado actual.

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Estamos, entonces, frente a un momento de inflexión para el país. Apostar por la formalidad de la actividad minera o preservar un sistema de formalización indefinida bajo el cual puedan pasar años sin un sistema que exija las condiciones de seguridad y ambientales que requiere una industria como la minera, que pague impuestos y genere trabajo formal y digno. El tipo de minería que elijamos hoy refleja el tipo de país que tendremos mañana. Para ello es indispensable que se asignen funciones y presupuesto a entidades públicas que puedan cumplir con sus roles de regular, fiscalizar, sancionar y promover la pequeña minería y artesanal de manera ordenada y articulada con información oportuna que se puede crear en campo, cruzando bases de datos y utilizando la tecnología disponible.

Asimismo, la lucha contra la minería ilegal debe abordarse como una política de Estado. En ese sentido, la “Estrategia nacional para la reducción en interdicción de la minería ilegal al 2030”, en la cual participan más de 14 entidades públicas, tiene que ser dotada de los recursos presupuestales necesarios, rendir cuentas cada cierto tiempo de su aplicación, logros y aspectos de mejora, con la finalidad de controlar el crecimiento desmedido de la principal actividad ilícita en el país. Solo con liderazgo político, institucionalidad y visión de futuro podremos proteger nuestros recursos, promover inversión responsable y garantizar el desarrollo sostenible de la actividad minera de cualquier escala, grande, mediana o pequeña.

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SOBRE LA AUTORA

Angela Grossheim Barrientos es directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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