"Una taxonomía verde no es una norma más, es el punto de partida para atraer inversión, ordenar el mercado y sostener un verdadero desarrollo sostenible", señala Vanessa Chávarry, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
La sostenibilidad ha adquirido un papel crucial en el mundo de las finanzas. Son cada vez mayores los flujos de capital que buscan proyectos y actividades que, además de generar rentabilidad económica, contribuyen con el desarrollo sostenible. En ese contexto, es fundamental comprender qué es una taxonomía verde para apreciar su importancia.
La taxonomía verde es un sistema de clasificación o conjunto de criterios que sirven para identificar qué actividades económicas pueden considerarse verdes, sostenibles o de transición, basándose en criterios técnicos y objetivos; definiendo cuáles actividades contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales priorizados por cada país. Por esta razón, el tratamiento de la taxonomía verde varía significativamente de un país a otro, ya que cada uno aborda los temas ambientales y sus riesgos según su contexto político, económico, social e institucional.
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Así, el objetivo central de una taxonomía es aportar claridad, credibilidad y confianza al mercado al ofrecer un lenguaje común, por lo que su verdadera importancia radica en las definiciones que ofrece y en la forma en que clarifica y clasifica qué inversiones y actividades económicas son sostenibles en el marco de los objetivos trazados, reduciendo la ambigüedad y evitando la publicidad engañosa sobre la sostenibilidad de un proyecto (greenwashing).
Actualmente, en nuestro país, la ausencia de un marco consensuado para las finanzas verdes limita la elegibilidad de los proyectos que cumplen con los criterios socioambientales, permitiendo prácticas de greenwashing y dificultando la inversión en iniciativas sostenibles. A diferencia de otros países, sólo contamos con una Hoja de Ruta de Finanzas Verdes aprobada el 2023, en la que se establece la necesidad de contar con una taxonomía que, hasta el momento, no se ha aprobado.
A nivel internacional, Europa es la líder al haber aprobado una taxonomía verde el 2020. En América Latina, Colombia, se ha posicionado como el primer país de la región en aprobar una taxonomía verde en abril del 2022; seguido de México, el 2023; Costa Rica, el 2024 y Chile en mayo del 2025. Brasil ha publicado este año un proyecto con una propuesta de taxonomía que viene siendo discutida y se espera sea aprobada.
Más allá de una tendencia internacional, la aprobación de una taxonomía para Perú es decisiva y estratégica para avanzar en la implementación de un sistema financiero verde. En un país megadiverso como el nuestro, con un gran potencial para el desarrollo de inversiones verdes, contar con esta herramienta es esencial para atender la alta demanda de inversión en infraestructura sostenible y ofrecer a los inversionistas internacionales una normativa clara y criterios definidos para canalizar sus recursos en finanzas verdes. Aunado a ello, la taxonomía permitiría canalizar financiación a gran escala, alineando las inversiones públicas y privadas con estos objetivos y facilitando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en el marco del Acuerdo de París, considerando que el Perú es vulnerable al cambio climático.
Además, una taxonomía nos permitiría crecer y ordenar el sistema financiero actual, ya que, si bien se emiten productos verdes en nuestro país, éstos se ajustan a los criterios desarrollados por cada entidad financiera. Una taxonomía única permitiría homogenizar estos criterios, dando transparencia al mercado y evitando riesgos de inconsistencias en las evaluaciones de los proyectos.
Sumado a ello, una taxonomía podría mejorar nuestra reputación internacional y nuestra competitividad al demostrar un compromiso claro con la sostenibilidad, especialmente porque nuestros países vecinos ya nos llevan la delantera, lo que también reforzaría nuestro compromiso con los objetivos que persigue la OCDE.
Por ello, la aprobación de una taxonomía para nuestro país es urgente e inaplazable. No podemos seguir como espectadores mientras la región avanza. Una taxonomía verde no es una norma más, es el punto de partida para atraer inversión, ordenar el mercado y sostener un verdadero desarrollo sostenible. Si de verdad aspiramos a un crecimiento competitivo y sostenible, la decisión es evidente: aprobar una taxonomía, que el sistema financiero peruano lo requiere.
SOBRE LA AUTORA:
Vanessa Chávarry es socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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