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Diversos sectores rechazan reorganización del transporte público en Lima

La Asociación Automotriz del Perú y la Defensoría del Pueblo, rechazaron la anunciada reorganización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).,

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Foto: Andina

Diversos sectores peruanos, como la Asociación Automotriz del Perú y la Defensoría del Pueblo, rechazaron la reorganización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunciada por el ministerio de Transporte, porque significaría un retroceso en el ordenamiento del tránsito en la capital.

En un comunicado, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) rechazó el anuncio de reorganización de la ATU, creada hace dos años, y expresó su preocupación por la promesa de otorgamiento de autorizaciones de operación de transporte por 10 años.

La promesa ofrecida presuntamente por el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, tiene el agravante de “no tener competencia legal para ello, además de ofrecer una injustificada amnistía por las multas impuestas”, indicó la AAP.

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Las ciudades de Lima y Callao tienen un sistema de transporte público que genera congestión, caos, contaminación, discriminación e informalidad, señaló la asociación.

Por ese motivo, se creó una autoridad única y un sistema integrado de transporte a ser implementado de forma gradual y progresiva; bajo criterios técnicos y legales, sin injerencia política, añadió.

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No obstante, el ministro ha sostenido un encuentro con grupos de transportistas, que amenazan con un paro el próximo lunes, a quienes ofreció una reorganización de la ATU y de los organismos reguladores del transporte, tal como se desprendió de audios difundidos por la prensa local.

La AAP señaló que la autoridad no puede sufrir la injerencia de “grupos que mediante amenazas pretenden imponer medidas retrógradas que perjudican el necesario ordenamiento del tránsito”.

La ATU se creó como el organismo competente para planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente operatividad del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, con un período de cinco años de funcionamiento.

En tal sentido, la AAP exhortó al Ejecutivo a respetar la institucionalidad de la ATU y comprometerse con la reforma del transporte en la ciudad, donde viven 10 millones de habitantes.

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A su vez, la Defensoría del Pueblo exhortó al ministro de Transportes a no debilitar la institucionalidad en el sector transporte y solicitó al Gobierno a que “asuma con responsabilidad la regulación y supervisión del transporte público a nivel nacional y, al mismo tiempo, promueva una verdadera reforma del transporte urbano”.

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La apropiada regulación del servicio de transporte en las provincias de Lima y Callao beneficia directamente a los pasajeros que realizan 27 millones de viajes diarios, señaló la defensoría en una nota de prensa.

Por este motivo, es urgente garantizar el adecuado funcionamiento de la ATU y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), y que se encuentren libres de injerencias políticas indebidas, anotó.

La defensoría advirtió que la designación de la extitular de la ATU, María Jara, era por un periodo de cinco años, por ley, y que su reciente remoción constituye ahora un acto ilegal.

Además, solicitó al nuevo representante de Sutrán disponer medidas para mejorar sus procedimientos y resolver los problemas de seguridad vial que ocasionan más del 27 % de personas fallecidas por accidentes de tránsito en las carreteras a su cargo.

“Es impostergable el diseño de una política de control de la velocidad durante la conducción, en todas las carreteras a su cargo, especialmente en los puntos críticos de accidentes de tránsito”, puntualizó la oficina del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Efe

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