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Sector privado califica de “ilegal” el cierre de 4 unidades mineras anunciado por PCM
El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, indicó que la presidenta del Consejo de Ministros “está pasando por encima del Estado de Derecho”.
Diversos actores del sector empresarial y minero expresaron, en un comunicado, su rechazo contra la medida recientemente tomada por la presidenta de Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, al anunciar el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho.
La titular de la PCM también indicó que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración. Asimismo, se realizará la delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental para identificar fuentes de contaminación.
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El acuerdo al que llegó la comisión liderada por la presidenta de Consejo de Ministros con las autoridades y dirigencias de Ayacucho se da luego de que a inicios de octubre se realizara un paro indefinido en contra de la actividad minera en sus cabeceras de cuenca.
(1/2) Las cabeceras de cuenca son ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios. Por eso hemos acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación. pic.twitter.com/cW4ZZx2Bqs— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 19, 2021
Respuesta del sector privado
Los gremios empresariales calificaron la decisión de Vásquez como “arbitraria e ilegal“. El comunicado fue suscrito por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la cual está conformada por la Confiep, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa).
Los representantes gremiales alertaron que el cierre de minas ha sido anunciada como un piloto. Esto quiere decir, según se lee en el comunicado, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero.
En particular, el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, reiteró que los mensajes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de Derecho.
“En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar 4 empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”, mencionó.
🔴 [Nota de prensa]: Confiep, SNMPE, IIMP y empresas mineras rechazan medida arbitraria e ilegal de retirar y cerrar cuatro operaciones mineras en Ayacucho. pic.twitter.com/R8KW4P3cvQ— SNMPE Perú (@snmpeperu) November 20, 2021
Además, indicó que “la presidenta del Consejo de Ministros está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”.
Durante su intervención, Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera”. Asimismo, el gremio minero enfatizó que al no permitir ampliaciones ni exploraciones en la zona, como anunció la titular de la PCM, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.
Por otro lado, Ignacio Bustamante, en representación de Compañía Minera Ares —unidades mineras Inmaculada y Pallancata, que fueron afectadas por el anuncio— rechazó categóricamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. También explicó que “el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y requiere para operar”.
En conjunto, los gremios, instituciones y empresas mineras hicieron un llamado a la presidenta del Consejo de Ministros para que rectifique formalmente los acuerdos del acta suscrita en Cora Cora que no se ajustan a la legalidad.
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