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Muertes en protestas: Gobierno y fiscalía anuncian investigaciones

Una investigación de Reuters reveló varios casos de personas que fueron asesinadas a tiros en Ayacucho durante las protestas iniciadas a principios de este mes.

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Foto: Foto: Presidencia del Perú Gabinete de Boluarte pedirá el voto de confianza al Congreso el 10 de enero
Foto: Presidencia del Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el jueves que dará “todas las facilidades” a la fiscalía para investigar las muertes durante violentas protestas este mes y aseguró que no habrá impunidad, en momentos en que el gobierno espera nuevos disturbios en los primeros días de enero.

El país andino se vio sacudido a inicios de diciembre por violentas manifestaciones y bloqueos de infraestructura clave que llevaron a una contundente respuesta de las fuerzas militares, luego de que salieran a las calles para apoyar a la policía cuando el gobierno declaró un estado de emergencia.

La convulsión social, que estalló principalmente en las empobrecidas regiones del sur del país, dejó al menos 22 muertos durante enfrentamientos y otras seis personas fallecieron en accidentes relacionados a los bloqueos, según datos oficiales.

Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución y arresto del exmandatario de izquierda Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso dominado por la oposición y reorganizar el Poder Judicial.

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“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles que corresponden”, declaró Boluarte a los medios internacionales en rueda de prensa.

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“La policía y el Ejército salieron para defender la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos”, manifestó.

Las víctimas tras la agitación social en Perú generaron denuncias de las comunidades locales y de grupos de derechos humanos por supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en despliegues para restablecer el orden público.

Una investigación de Reuters encontró varios casos de personas que habrían sido asesinadas a tiros en Ayacucho, la región andina que registró el mayor número de víctimas en las recientes protestas, después de duros enfrentamientos entre manifestantes y militares que ingresaran a la zona.

De acuerdo con un video que formó parte del reportaje, el mecánico Edgar Prado habría recibido un disparo mientras se encontraba en la puerta de su casa y ayudaba a uno de los manifestantes heridos.

Por su lado, la fiscalía anunció siete investigaciones preliminares para aclarar las muertes de manifestantes durante las protestas antigubernamentales. “El Ministerio Público informa de que, a la fecha, ha iniciado 7 investigaciones preliminares por las muertes de ciudadanos ocurridas durante los actos de protesta a nivel nacional”, anunció la Fiscalía de la Nación a través de redes sociales.

Interpretación errónea

El ministro del Interior, Víctor Rojas, dijo en la misma conferencia que tiene información que indica que las manifestaciones -especialmente en las regiones del sur- se reanudarán a partir del 4 de enero, tras una relativa pausa que coincidió con las festividades navideñas en un país de mayoría católica.

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El ministro Rojas dijo que, en caso de nuevas protestas, y con el afán de proteger la propiedad y libre tránsito de las personas, se respetarán los derechos humanos. “Nadie desea repetir los fallecidos que hubo en la primera escalada de conflictos”.

La detención de Castillo tras su intento de eludir un juicio político en el Congreso también acarreó una crisis diplomática para Perú y la región, con declaraciones de los mandatarios de México y Colombia en torno al presunto trato injusto que recibió el exmandatario.

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“Algunos presidentes de la región creo que de manera errónea han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo”, dijo Boluarte. “Lo que ha habido es un resquebrajamiento del orden constitucional al haber querido dar un golpe de Estado”.

Tras el fallido intento de cerrar el parlamento, Castillo fue arrestado por la policía cuando viajaba en un automóvil en busca de llegar a la embajada de México en Lima para pedir asilo político. Más tarde, su esposa e hijos fueron acogidos por el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador, que no ha reconocido el nombramiento de Boluarte.

Luego de la conferencia de Boluarte, la cancillería peruana publicó un mensaje por Twitter para expresar su “más enérgica protesta” por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero minutos después la retiró de la red social.

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Petro dijo el miércoles por Twitter en alusión a Castillo: “Tenemos un presidente en Sudamérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”.

Boluarte afirmó que la Cancillería peruana está “trabajando arduamente” para que sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, que fueron llamados a consultas en protesta, regresen a las embajadas de esos países.

“Es importante para nosotros, sobre todo para la Alianza del Pacífico, la APEC y la Comunidad Andina, seguir trabajando con todos los países de la región”, señaló, en referencia a los bloques comerciales y económicos que integra el país andino.

La presidenta reiteró que se mantendrá firme en el cargo hasta mediados del 2024, luego de realizarse un adelanto de las elecciones generales, en abril de ese año, una iniciativa cuya aprobación final depende del Congreso.

“¿Qué resolvería mi renuncia?”, se preguntó. “Estaríamos generando una anarquía en el país”, se respondió Boluarte.

REUTERS/ EFE/ FORBES STAFF

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