Gálvez, investigado en el caso conocido como los 'Cuellos Blancos', ha sido escogido como cabeza del Ministerio Público por seis meses.
El fiscal supremo Tomás Gálvez, presuntamente vinculado con una red corrupta en el Poder Judicial, fue nombrado este lunes fiscal de la nación interino por la Junta de Fiscales Supremos, que lo escogió como cabeza del Ministerio Público por seis meses, periodo por el que ha sido suspendida su antecesora, Delia Espinoza.
«Tomás Aladino Gálvez Villegas asume el cargo como Fiscal de la Nación (fiscal general) interino, contando con el apoyo unánime de los miembros de la junta en pleno», anunció el Ministerio Público en sus redes sociales.
La entidad detalló que la Junta de Fiscales Supremos se reunió para tomar una decisión tras la suspensión de Espinoza por parte del máximo órgano de control de la Judicatura peruana, la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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El pasado viernes, la JNJ anunció la suspensión de Espinoza por seis meses tras haberse rehusado a reponer en su cargo a su predecesora, Patricia Benavides, una vez que el mismo órgano anuló la suspensión que pesaba sobre esta por veinticuatro meses frente a los procesos por corrupción y tráfico de influencias que enfrenta.
Durante el último fin de semana, fue designado como fiscal general interino Pablo Sánchez, el magistrado con mayor antigüedad, pero el Ministerio Público informó que este declinó hoy al cargo, al igual que Zoraida Ávalos, quien le sucedía en permanencia en la institución y había sido fiscal general anteriormente.
Vínculos con una red criminal
El nombramiento de Gálvez, que hasta este lunes era el titular de la Fiscalía Suprema de Familia, ha sido rápidamente cuestionado por medios locales, pues ha sido investigado en el caso conocido como los ‘Cuellos Blancos’, una presunta red ilegal que nombraba de manera irregular a magistrados a través de favores a políticos y empresarios.
Por este caso, Gálvez fue destituido en 2021 por la JNJ, integrada por entonces por otros miembros, bajo acusaciones de faltas muy graves, como pertenencia a organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Sin embargo, en junio de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que en la causa contra Gálvez hubo violaciones a sus derechos procesales y ordenó su restitución como fiscal supremo.
En el mes en mención, Gálvez renunció a ser presidente y representante legal de la agrupación Peruanos Unidos, partido con el que tenía intención de postularse a la Presidencia del país, según dijo.
Gálvez ha sido muy crítico con la gestión de Espinoza, que asumió como fiscal general en noviembre de 2024 hasta su suspensión temporal anunciada el pasado viernes, y asegura que el Ministerio Público necesita una reforma.
Con información de EFE