El grupo de ingeniería y construcción peruano con operaciones en Chile, Bolivia, Colombia y Panamá aumentó casi 40% sus ingresos en 2021 respecto al año anterior. Moody's observó que el retraso en la ejecución del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima representa una limitante para la clasificación de la compañía. Cosapi formó parte del "cártel de la construcción" y sigue un proceso especial de colaboración eficaz ante el Poder Judicial.
La agencia de calificación de riesgos Moody’s mejoró la Perspectiva de la empresa de construcción e ingeniería Cosapi a Estable desde Negativa, tras observar una mejora de la situación financiera de la grupo de ingeniería y construcción peruano, reflejada en la recuperación de sus ingresos en 2021 (+39,5%) y en el primer trimestre de 2022 (+4,2% respecto al trimestre anterior).
Moody’s destacó que la compañía ha logrado mejorar las principales métricas de rentabilidad (ROAA y ROAE) y niveles de generación de ingresos (EBITDA y del Flujo de caja de operaciones), lo que le ha permitido a su vez mejorar los niveles de cobertura del servicio de deuda.
Además, indicó que Cosapi ha reducido de manera significativa los niveles de palanca financiera y que logró revertir las pérdidas acumuladas registradas en el patrimonio en 2021. Al respecto, destacó que la compañía registró una calificación de CPP (Con Problemas Potenciales) hasta diciembre del 2021, que mejoró a Normal en enero pasado.
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En relación a la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos COSAPI, Moody’s la afirmó en la categoría A-.pe. Según precisó, la nomenclatura «.pe», refiere a riesgos solo comparables en Perú.
Concentración por Unidad de Negocio
Línea 2 del Metro de Lima, una limitante
Sin embargo, Moody’s observó que la clasificación del grupo peruano está limitada por la concentración del backlog (trabajos pendientes) en el proyecto Línea 2 del Metro de Lima, que representó el 66.86% del total retrasado hasta marzo pasado e incluye los trabajos asociados a infraestructura y servicios como a la concesión de la obra.
El proyecto Línea 2 del Metro de Lima ha presentado retrasos respecto a los plazos originales estimados, recordó la agencia. Al respecto, cabe recordar que el 4 de febrero del 2017, Cosapi interpuso una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que el área de concesión del proyecto no se entregó en los plazos y condiciones establecidos en el contrato, lo que conllevó demoras en su ejecución.
El 8 de julio del año pasado, el CIADI falló a favor de la empresa, ordenando al Estado Peruano indemnizar a la empresa por los daños ocasionados por los retrasos, otorgarle una ampliación de plazo para ciertos hitos del proyecto y devolverle a la compañía ciertas penalidades impuestas.
Según el reporte de clasificación, el monto de indemnización aún no se ha determinado, pero la compañía estima que podría representarle un «importante ingreso».
Backlog y riesgo de liquidez
Aún así, «…de materializarse mayores demoras o posibles contingencias en su ejecución, se podría tener un impacto negativo relevante en los niveles de generación y rentabilidad, lo cual dependiendo de su magnitud, podría comprometer a su vez los niveles de solvencia«, observó Moody’s.
Pese al retraso en el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, la agencia destacó que el backlog de la compañía muestra una tendencia decreciente.
Evolución del backlog de la Compañía
Otras limitantes
Otras limitantes de la clasificación de la riesgo de Cosapi incluyen los altos niveles de palanca contable (pasivo/patrimonio), por lo que según Moody’s «resultarán relevantes las medidas que la compañía pueda adoptar de cara a asegurar la solidez patrimonial».
Al mismo tiempo, la agencia indicó que observó un aumento en los niveles de déficit de capital de trabajo, pese a que los ratios de liquidez de la firma se han mantenido estables.
Finalmente, Moody’s explicó que la clasificación de riesgo pondera que Cosapi pagó en 2019 una reparación civil en beneficio del Estado Peruano por S/55,6 millones.
El informe de clasificación de riesgo contempla asimismo que la compañía sigue un proceso especial de colaboración eficaz ante el Poder Judicial, que está pendiente de obtener la condición de definitivo.
Cabe observar que en noviembre pasado, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó en primera instancia a 33 empresas y 26 ejecutivos que integraron el «Cártel de la construcción». Entre 2011 y 2021, este cártel se repartió 112 proyectos de contratación pública de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en Perú. Una de las empresas sancionadas entonces fue Cosapi con un monto de S/163,2 millones (US$44,2 millones).
En esa línea, Moody’s observó que la empresa enfrenta el riesgo de «una potencial materialización de algún evento reputacional, de renovación de contratos, nuevas adjudicaciones, y/o eventuales efectos extraordinarios por proyectos actualmente en curso».
Cosapi opera en Perú hace más de 60 años y cuenta con filiales en Chile, Bolivia, Colombia y Panamá.
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