Implementar el sistema de prevención puede ser complicado y representa un costo en tiempo y recursos, pero el costo de no hacero puede ser mucho mayor, señala Brian Ávalos, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

En los últimos cinco años ha venido aumentado las denuncias interpuestas por casos de hostigamiento sexual o sexista contra trabajadores (entre 30% y 40% cada año). Esto se ha debido a varios factores entre los que resaltan, por ejemplo, una consecuencia de un cambio generacional en el empleo (mayor participación de las mujeres en actividades económicas), obligaciones legales (capacitaciones anuales a todo el personal sobre hostigamiento sexual), políticas de estado contra la violencia (más inspecciones y medidas de orientación), entre otros.

Implementar el sistema de prevención puede ser complicado y representa un costo en tiempo y recursos, dado que se debe investigar las denuncias, elegir un comité paritario donde se analizan los casos, elaborar la política de hostigamiento, capacitaciones anuales a trabajadores y a los miembros del comité, entre otras obligaciones formales.

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Sin embargo, el costo de no hacerlo puede ser mayor por las multas impuestas (entre 14 mil y 280 mil soles dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados), demandas de daños y perjuicios como consecuencia de la afectación de no iniciar una investigación, y el inicio de acciones penales contra los responsables de la violencia. Asimismo, esta problemática también puede desencadenar en un daño a la imagen y reputación de la empresa y sobre todo una afectación en la productividad, ya que los trabajadores involucrados suelen renunciar y hay un mayor ausentismo.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú, el 55,7 % de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido alguna vez violencia psicológica y/o verbal, física o sexual. En cuanto a las estadísticas de la Plataforma Virtual de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), revelan que el 34% de trabajadores pasó por alguna situación de acoso sexual, pero solo el 4% lo reconoció y, apenas, un 10% tuvo el valor de denunciarlo.

Desde el 2019 hasta enero del 2025 se registraron 5.585 casos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral privado a nivel nacional. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, 523 casos del género masculino y en 9 de estos hechos no se precisó el género de la presunta víctima. En enero de 2025 se registraron 135 casos de hostigamiento sexual laboral ante el MTPE a nivel nacional, siendo Lima la que tiene más casos.

En ese sentido, todas las normas y políticas de hostigamiento están destinadas a evitar este tipo de violencia, y las empresas vienen implementando planes para reducirla. Por ejemplo, se investigan todas las denuncias (incluso ante la duda), se sanciona y se establecen medidas de protección, canales de denuncia confidencial (incluso algunos administrados por empresas autónomas o por la matriz) y campañas de concientización sobre el acoso. Así como también se organizan cursos con evaluaciones y se brindan incentivos globales por reducción de casos.

Es importante señalar que cada vez son más organizaciones las que vienen regularizando el sistema de prevención de hostigamiento sexual con lo cual no solo evitan riesgos legales, sino que además se mejora el clima laboral. Reducir la violencia implica reconocer la importancia de la prevención del acoso y generar la participación de todos los trabajadores.

Sobre el autor

Brian Ávalos es socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

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