Edadismo, una barrera para el desarrollo económico del Perú

La edad no debería determinar cómo se trata a una persona, qué servicios tiene a su alcance o qué oportunidades encuentra en el mercado. Sin embargo, cuando los prejuicios condicionan estas decisiones, estamos frente al edadismo, una forma de discriminación que también tiene consecuencias económicas. Porque cuando asumimos que la edad define las necesidades, capacidades o preferencias de alguien, corremos el riesgo de tomar decisiones que no responden a su realidad y de cerrar oportunidades antes siquiera de conocerlas.

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las personas de 60 años a más representarán el 14,3% de la población nacional en 2026, frente al 5,7% registrado en 1950. Este cambio no es solo demográfico; también plantea nuevos desafíos económicos. Necesitamos preguntarnos si nuestros mercados, servicios y políticas públicas están preparados para responder a una población diversa, cuyas necesidades y decisiones evolucionan con el tiempo.

Aun así, el envejecimiento sigue asociado a ideas preconcebidas sobre la dependencia o las dificultades para adaptarse a la tecnología. Estas percepciones pueden influir en el diseño de productos, las comunicaciones comerciales y la atención al consumidor, invisibilizando las distintas preferencias y decisiones que existen en cada grupo de edad. El problema no es solo que estos estereotipos sean injustos, sino que pueden llevar a las instituciones y a las empresas a ignorar necesidades reales y a tomar decisiones económicas sobre una imagen parcial de la población.

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Las cifras nos invitan a cuestionar esas generalizaciones. En 2022, un estudio de Emprende UP, de la Universidad del Pacífico, y Equifax identificó que el Perú tenía más de 9,9 millones de personas de 50 años a más, una población que había crecido 2,3 veces entre 2019 y 2022. Además, el 82% de las personas de este grupo pagaba sus deudas a tiempo. Este dato no demuestra por sí solo que exista discriminación financiera, pero sí cuestiona la idea de que la edad pueda servir como indicador suficiente del comportamiento económico. Para evaluar a una persona, necesitamos información sobre su situación real, no prejuicios sobre la etapa de vida que atraviesa.

El edadismo también se refleja en la forma en que representamos a los senior; expresiones como “adulto mayor”, habituales en las políticas públicas y las comunicaciones institucionales, no son negativas por sí mismas.  El problema surge cuando la conversación se limita a la dependencia y el cuidado, y deja de lado otras dimensiones de la vida económica. Muchas personas senior buscan mantener su autonomía, tomar sus propias decisiones financieras y emprender nuevos proyectos sin que la edad limite sus posibilidades. Reconocer esta diversidad implica entender que la edad no impide iniciar nuevos proyectos, desarrollar intereses propios y construir una vida económica autónoma.

Esta mirada es especialmente necesaria en los servicios financieros. La evaluación crediticia, por ejemplo, debe considerar criterios objetivos sobre la capacidad de pago y el riesgo, sin convertir la edad en un sustituto de la evaluación individual. Lo mismo ocurre con los seguros y los productos de ahorro. El Estado tiene aquí una responsabilidad concreta: garantizar la transparencia, proteger a los consumidores e identificar posibles barreras discriminatorias.

La economía plateada también representa una oportunidad económica que el país necesita aprovechar. Comprende los bienes y servicios dirigidos a las personas de 50 años a más, en ámbitos como el turismo, la tecnología, la educación y los servicios financieros. Para responder a este segmento, es necesario reconocer su diversidad y dejar atrás los estereotipos sobre lo que las personas quieren o pueden hacer a determinada edad. Esto supone, además, entender que la jubilación, aunque responde a un marco legal, no necesariamente significa el fin de la vida laboral ni de los proyectos personales. Muchas personas quieren seguir trabajando, emprender, aprender y cuidar su salud física y mental, sin que el cese laboral sea necesariamente parte de sus planes. El reto para el Estado es acompañar esta transformación con información, políticas que respondan a las distintas etapas de vida y medidas que permitan aprovechar el aporte de una población cada vez más diversa.

Combatir el edadismo implica, ante todo, dejar de confundir la edad con una explicación de quién es una persona y de lo que necesita. El Estado debe traducir ese principio en políticas que protejan a los consumidores y permitan tomar decisiones económicas basadas en evidencia, no en estereotipos. Pero ese cambio también empieza por nosotros, por cuestionar las ideas que damos por ciertas y reconocer que detrás de cada cifra hay personas con distintas necesidades, decisiones y proyectos. Si el Perú está cambiando, nuestras políticas y nuestros mercados también deben hacerlo. El desafío es que la edad nunca sea una razón para cerrar una puerta que debería evaluarse con criterios justos y objetivos.

Sobre la autora

Elizabeth Gómez es jefa de Proyectos Estratégicos de la Universidad del Pacífico

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