La inflación empezaría a disminuir en julio y cerraría el 2022 "hacia un ritmo de 6,4%", estima el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.
Tras once meses consecutivos por encima del límite superior del rango meta (entre 1% y 3%) del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación a 12 meses en el país alcanzaría un pico de entre 9% y 10% en junio de este año, estima el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank. A partir de julio se vería un «quiebre en el ritmo de inflación».
Al cierre de abril, la inflación anualizada en el país se situaba en 8,62%, una cifra récord en al menos los últimos 10 años, según el INEI.
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«Nuestra proyección de inflación sigue considerando que esta continuaría reptando al alza hasta alcanzar su pico en junio, con un ritmo entre 9% y 10%. A partir de julio se
esperaría un quiebre en el ritmo de inflación, debido principalmente a la base más alta de comparación —en línea con la visión del BCR—», se lee en el reporte.
Recientemente, el gerente de estudios económicos del BCRP, Adrián Armas, estimó que a partir de julio “se iniciaría una tendencia decreciente” de la inflación para llegar al rango meta anual en el segundo o tercer trimestre del 2023.
Scotiabank considera que la inflación como fenómeno global persistiría y que localmente los costos de producción continuarán trasladándose progresivamente al consumidor. Esto llevaría a que la inflación descienda «hacia un ritmo de 6,4% hacia fin de año», aún por encima del rango meta.
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Medidas del Gobierno con impacto marginal en la inflación
Las medidas dictadas por el Gobierno parecen tener un impacto marginal en ayudar a contener la inflación, debido a que esta es principalmente producida por factores externos, señala el reporte de Scotiabank.
Como se recuerda, el Gobierno ha incluido las gasolinas de 84 y 90 octanos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). También ha aplicado una exoneración temporal del IGV a los principales alimentos de la canasta básica. Estas, según el Ministerio de Economía, la cuestan al Estado S/2.060 millones.
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«El costo de las medidas es relativamente bajo (0,2% del PBI), por lo que con un déficit fiscal de 1% del PBI a abril de 2022 se cuenta con un espacio fiscal considerable para medidas más focalizadas que ayuden a compensar la pérdida de poder adquisitivo de las capas más vulnerables de la población», añade el reporte.
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